Un tribunal de Villa Clara impuso penas de hasta seis años de prisión a seis manifestantes que participaron en una protesta contra el apagón que dejó a Cuba a oscuras en octubre de 2024. La sentencia, dictada en la sala de delitos contra la seguridad del Estado, vuelve a exhibir la respuesta del régimen: cárcel para quienes reclaman luz, comida y servicios básicos.
Según el expediente del caso, al que tuvo acceso la AFP, tres de los acusados recibieron seis años de privación de libertad y los otros tres, cinco. El juicio se celebró en el Tribunal Provincial de Villa Clara, a 270 kilómetros al este de La Habana, en un escenario donde una protesta ciudadana terminó tratada como amenaza política.
Los hechos ocurrieron en Manicaragua, cuando cientos de personas salieron a la calle el 20 de octubre de 2024, en medio del colapso del sistema eléctrico nacional. Los manifestantes se dirigieron al gobierno local para exigir electricidad y golpearon calderos y otros objetos metálicos para hacerse oír. La documentación judicial también les atribuye interrupción del tránsito y alteración de la tranquilidad ciudadana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó estas condenas como un intento de criminalizar la protesta cívica y de usar la represión para aplastar derechos elementales. Esa lectura encaja con el patrón que ha impuesto la dictadura en los últimos años: castigar el descontento popular en lugar de asumir la ruina del sistema que condena a la isla a la oscuridad, la escasez y el miedo.
Las protestas de este tipo, antes impensables en un país sometido al control del Partido Comunista, se han multiplicado desde 2022. La crisis energética ha empujado a los cubanos a vivir con apagones prolongados y con una frustración que ya no cabe en la propaganda oficial.
El expediente llega además después de otras sentencias recientes por manifestaciones contra la falta de electricidad y de comida. En septiembre, 15 personas fueron condenadas a penas de hasta nueve años tras protestas en Bayamo, mientras en Gibara se registraron decenas de detenciones por otra marcha de vecinos desesperados por los apagones y la falta de agua. La respuesta del régimen sigue siendo la misma: tribunales, castigo y represión.
Según Cubalex, al menos 180 personas han sido aprehendidas en el contexto de protestas por apagones entre 2022 y septiembre de 2025, una cifra que ya revela el nivel de criminalización que pesa sobre la inconformidad social en Cuba. En la isla, reclamar electricidad se ha convertido en un acto perseguido por el poder.
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