Prisoners Defenders cerró 2025 con 1.197 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, una cifra que deja al desnudo la magnitud del castigo que el régimen sigue aplicando para frenar la disidencia. En los últimos doce meses la lista creció en 134 casos, y solo en diciembre se sumaron 10 nuevos encarcelamientos, la mayoría en el oriente del país, acusados de propaganda contra el orden constitucional.
El golpe de este informe está en la composición de la represión. Entre los identificados aparecen 128 mujeres y 32 personas detenidas siendo menores de edad. A esa carga se suman 464 presos con patologías médicas graves y 42 con trastornos de salud mental, muchos sin el tratamiento que cualquier persona privada de libertad debería recibir. En las cárceles cubanas, la enfermedad también se convierte en castigo.
La organización registra además 219 manifestantes condenados por sedición, con penas que promedian 10 años de prisión. Dentro de ese grupo figuran 16 personas que eran menores al momento de su arresto. El mensaje del régimen vuelve a ser el mismo: protesta, cárcel; denuncia, condena; oposición, ejemplo para sembrar miedo.
Prisoners Defenders divide a los casos en 716 convictos de conciencia, 445 condenados de conciencia con limitación de libertad y 36 en la categoría de otros presos políticos. Esa clasificación retrata un sistema penitenciario usado como herramienta política, no como respuesta de justicia frente a delitos reales.
Javier Larrondo, presidente de la organización, afirmó que todos los integrantes de la lista han sido sometidos a torturas y que se han documentado 15 patrones de maltrato, entre ellos la privación de atención médica, las agresiones físicas, el aislamiento y las posturas forzadas. Ese inventario describe con crudeza el rostro del aparato represivo cubano: cárcel, humillación y violencia sistemática.
El informe también enlaza la represión cubana con Venezuela. Según la organización, allí habrían muerto más de 64 militares cubanos, en su mayoría vinculados al anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Larrondo acusó a agentes cubanos de diseñar y ejecutar torturas en territorio venezolano, copiando los métodos aplicados en la isla.
La denuncia incluye el recurso de las excarcelaciones fraudulentas, que Cuba habría exportado a Venezuela para simular aperturas políticas sin devolver libertad real. Larrondo sostuvo que las liberaciones anunciadas por el gobierno interino venezolano responden a mecanismos de control policial extremo y amenazas, mientras los cargos penales siguen vigentes sobre los excarcelados.
La organización pidió a la Unión Europea y a los gobiernos democráticos que actúen con medidas concretas y exigencia internacional. La advertencia final fue frontal: ante la inacción, el ser humano conserva el derecho a rebelarse contra la tiranía.
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