El colapso eléctrico volvió a golpear a Cuba con crudeza este miércoles, cuando un apagón masivo dejó sin corriente a unos 3,5 millones de personas en la mitad occidental del país, incluida La Habana. El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se registró alrededor de las 5:00 de la mañana y arrastró de inmediato a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El régimen vuelve a exhibir la ruina de un sistema energético sin capacidad de respuesta. La avería ocurrió después de varios días marcados por déficits récord de generación, con apagones diarios cada vez más largos y más agresivos sobre la vida cotidiana de la población. La caída del servicio no sorprendió a nadie en una isla donde la electricidad se ha vuelto un privilegio inestable y el Estado sigue administrando el desastre con opacidad.
Las autoridades no han explicado aún qué provocó el fallo. Ese silencio es parte del problema. En Cuba, cada colapso eléctrico llega precedido por advertencias ignoradas, mantenimiento insuficiente y una infraestructura envejecida que no resiste más remiendos. La red depende de centrales termoeléctricas obsoletas y de combustibles que el país no consigue comprar con regularidad por la falta de divisas.
La crisis ya había tocado un nivel insoportable. El lunes, el 59 % del país sufrió apagones al mismo tiempo, la mayor tasa registrada hasta ahora. En el último año, el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales, con recuperaciones que en algunos casos tardaron días. El más reciente antes de este nuevo derrumbe ocurrió en octubre.
La situación ha empujado los cortes diarios a más de 20 horas en amplias zonas del país. Para millones de cubanos, eso significa cocinar a oscuras, dormir con calor, perder alimentos y quedar atrapados en una rutina de precariedad que el régimen ha convertido en norma. La crisis energética castiga a las familias y hunde todavía más a una economía que se ha contraído 11 % en los últimos cinco años y que cerrará este ejercicio también en negativo.
Expertos independientes atribuyen el derrumbe a una infrafinanciación crónica de un sector completamente controlado por el Estado desde 1959. Distintos estudios citados en el propio debate público estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rescatar el sistema. El Gobierno, por su parte, insiste en culpar a las sanciones estadounidenses y habla de “asfixia energética”, aunque también ha admitido en varias ocasiones la caída de los envíos de combustible desde Rusia, Venezuela y México.
La foto que deja este nuevo apagón es la de un país sometido a una emergencia fabricada por décadas de centralización, abandono y mala administración. El régimen conserva el monopolio sobre la energía y también sobre las explicaciones, mientras la población carga con las consecuencias de un sistema que ya no garantiza ni lo más básico.
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