Aníbal Yasiel Palau Jacinto, preso político del 11J, lleva alrededor de seis días en huelga de hambre en la cárcel Melena 2, en Melena del Sur, después de una golpiza propinada por funcionarios del penal. La denuncia, hecha por su madre, Layda Jacinto, vuelve a mostrar el trato brutal que el régimen reserva dentro de sus prisiones para quienes castigó por protestar.
Después de la agresión del 5 de noviembre, Palau Jacinto fue encerrado en una celda de castigo y quedó incomunicado. Su madre contó que, cuando fue a la prisión, no le dijeron con claridad en qué estado se encontraba su hijo. También denunció que le han negado las visitas, las llamadas telefónicas y hasta el acceso al agua.
El joven, al que solo le faltan ocho meses para cumplir su condena, ahora figura denunciado por el supuesto delito de atentado. La respuesta del aparato carcelario fue el aislamiento y el silencio, justo cuando debió proteger su integridad y responder por su estado de salud.
Layda Jacinto afirmó además que su hijo se cosió la boca en protesta por lo ocurrido. Ese gesto extremo revela hasta dónde empuja la represión penitenciaria cubana a muchos presos políticos: castigo, encierro y abandono dentro de un sistema montado para quebrarlos.
Organizaciones como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron los hechos y exigieron la libertad de Palau Jacinto. El caso del joven, de 29 años, sentenciado a cinco años de prisión por participar en las protestas de julio de 2021 en Güines, Mayabeque, confirma la saña con que la dictadura persigue a los cubanos que salieron a la calle a reclamar libertad.
Palau Jacinto padece varias enfermedades crónicas, entre ellas problemas en los riñones. Su huelga de hambre deja al descubierto la crueldad del encierro político en Cuba y la responsabilidad directa del régimen en el deterioro de un preso castigado por desafiarlo.
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