En plena crisis política en Washington, con el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos todavía sin salida, los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody volvieron a empujar desde Florida una iniciativa que apunta directo al corazón financiero del régimen cubano. La reintroducción de la Ley DEMOCRACIA busca estrechar el cerco sobre la cúpula comunista, castigar los abusos contra los cubanos y cortar las vías de financiamiento del aparato militar, represivo y de inteligencia de la isla.
El proyecto, presentado por Scott el 6 de febrero con el copatrocinio de Moody y otros legisladores republicanos, retoma una línea de presión que el bloque cubanoamericano en el Congreso defiende como respuesta a la impunidad de La Habana. La propuesta contempla bloquear activos y negar la entrada a Estados Unidos a dirigentes del Partido Comunista, el Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, además de extender esas restricciones a sus familiares directos.
La iniciativa también abre la puerta a que el presidente estadounidense impulse internet libre y sin censura para los cubanos mediante todos los medios tecnológicos disponibles. Ese punto toca una de las herramientas más brutales del control político en la isla: la censura digital, los apagones de comunicación y la vigilancia que el régimen impuso con especial dureza después de las protestas del 11J.
Moody defendió la medida con un discurso frontal contra la dictadura comunista. Afirmó que el régimen sigue lucrándose con la opresión de su pueblo y sostuvo que desde Florida conocen de cerca el costo de esa tiranía. También aseguró que el proyecto busca cortar los flujos de dinero corrupto y evitar que un solo dólar estadounidense termine sosteniendo a la dictadura.
Scott fue todavía más lejos al presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y como raíz de la inestabilidad en América Latina. Según su planteamiento, la ley cerrará vacíos legales y aplicará sanciones severas contra la dictadura comunista.
La Ley DEMOCRACIA ya había sido presentada en 2021, después de la represión desatada tras el 11J. Su reintroducción mantiene sobre la mesa un paquete de presión que condiciona cualquier alivio de sanciones a medidas que el régimen se ha negado sistemáticamente a asumir: liberar a todos los presos políticos, legalizar partidos independientes, garantizar libertad de prensa y convocar elecciones libres bajo supervisión internacional.
La figura de Moody refuerza la ofensiva republicana desde Florida, un estado donde la comunidad cubanoamericana sigue pesando con fuerza en la política nacional. Designada por Ron DeSantis a inicios de 2025 tras la salida de Marco Rubio, la senadora se ha alineado con el ala más dura contra La Habana. En julio pasado respaldó sanciones de Donald Trump contra el régimen y llegó a describirlo como una dictadura comunista asesina, celebrando las medidas dirigidas a quitarle recursos para seguir oprimiendo al pueblo cubano.

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