Antigua y Barbuda canceló este fin de semana su convenio de colaboración en salud con el régimen de La Habana y despidió al personal sanitario cubano que trabajaba en ese país. La decisión pone fin a un programa que se sostuvo durante 25 años y marca un giro brusco en la política del primer ministro laborista Gaston Browne, que había defendido públicamente esas misiones como el corazón del sistema sanitario local.
El cambio llegó después de que la pequeña nación caribeña fuera incluida por la administración de Donald Trump en la lista de restricciones de viaje a Estados Unidos. Junto con Antigua y Barbuda quedaron señalados Angola, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. El mensaje de Washington volvió a golpear una de las zonas más sensibles del andamiaje exterior del castrismo: la exportación de servicios médicos convertida en fuente de divisas y en instrumento político.
Browne había defendido hasta ahora a las brigadas cubanas y rechazado que se tratara de explotación laboral, pese a las advertencias sobre posibles sanciones por emplear personal cubano. Su gobierno anunció que los médicos y enfermeros de la isla serán sustituidos por 120 profesionales de Ghana. La oposición, a través del Partido Progresista Unido, agradeció a los galenos cubanos por sus servicios y lamentó el fin abrupto de la asociación.
Detrás de ese programa está la maquinaria de ingresos del régimen cubano, que retiene entre el 50 y el 80 por ciento de los salarios de los trabajadores enviados al extranjero. Esa práctica ha sido denunciada durante años como una forma de esclavitud moderna, con vigilancia, control y castigo sobre los integrantes de las misiones. Archivo Cuba, la ONG dirigida por la investigadora María Werlau, ha documentado esas condiciones en países de Europa, África, América Latina y el Caribe.
La presión internacional sobre ese esquema ha venido en aumento. En febrero, el Departamento de Estado anunció que revocaría visas a funcionarios extranjeros vinculados con la contratación indirecta de personal cubano, sobre todo en misiones médicas. Un mes después, Marco Rubio afirmó en Jamaica que esas brigadas operan básicamente como trabajo forzoso y ratificó la línea dura de la administración Trump.
La cancelación del convenio en Antigua y Barbuda deja al descubierto la vulnerabilidad de un negocio que el régimen presenta como cooperación solidaria, pero que sostiene su caja con salarios confiscados y trabajadores sometidos a control político. Cuando un gobierno extranjero cierra la puerta, el golpe no recae solo sobre el negocio: también expone la naturaleza de un sistema que ha hecho del médico cubano una mercancía estatal.
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