La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos perdió centralidad en la seguridad energética del país a medida que Washington se convirtió en una potencia petrolera y gasífera. Esa es la lectura que defiende Diana Furchtgott-Roth, directora del Center for Energy, Climate and Environment de The Heritage Foundation, en medio del esfuerzo del equipo de Donald Trump por reponer los barriles que fueron sacados durante la administración de Joe Biden.
La economista sostiene que la reserva nació para blindar al país frente a choques externos de suministro, en una época en que Estados Unidos dependía con fuerza del petróleo importado. Ese mapa cambió por completo. Hoy, según su criterio, la propia producción doméstica ofrece un colchón mucho más robusto que hace 25 o 30 años, cuando el SPR concentraba un peso estratégico mucho mayor.
Furchtgott-Roth atribuye ese giro al auge de la industria energética estadounidense y a la política de Trump de empujar la producción interna. En su visión, el lema de “drill, baby, drill” y la agenda de desregulación abrieron más espacio para extraer petróleo y gas dentro del país, al tiempo que redujeron la necesidad de depender de una reserva pensada para emergencias graves y no para amortiguar precios políticos.
La funcionaria recordó que Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de gas natural en 2011 y en el principal productor de crudo en 2018, por encima de Rusia y Arabia Saudita. Ese salto, impulsado por la revolución del shale y por el uso extendido de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, cambió la base material sobre la que se apoyaba la política energética estadounidense.
Trump, que criticó las extracciones masivas ordenadas por Biden, prometió en su discurso de investidura volver a llenar la reserva “hasta arriba”. Su gobierno ya trabaja en una reposición gradual después de las salidas récord autorizadas por la Casa Blanca demócrata, primero en 2021 con 50 millones de barriles y luego en 2022, cuando se anunció la liberación de hasta 1 millón de barriles diarios durante seis meses. En total, Biden sacó alrededor de 300 millones de barriles en su mandato.
Furchtgott-Roth cargó contra esa política y la calificó como una mala utilización del fondo de emergencia. A su juicio, la reserva debe responder a crisis de seguridad nacional, no a subidas de precios en la gasolina. También responsabilizó a las decisiones energéticas de Biden por el encarecimiento del combustible durante esos años, en una línea que la Casa Blanca de Trump ha convertido en argumento central contra el legado demócrata.
El nuevo equipo presidencial insiste en que la reposición debe hacerse con apoyo del Congreso. El Departamento de Energía ya dispone de autoridad y fondos para iniciar el proceso, mientras la administración avanza en medidas para acelerar permisos, reactivar exportaciones de gas natural licuado y empujar más crudo al mercado.
La proyección de Trump sobre Venezuela también entró en esa ecuación. Su gobierno ha usado el discurso energético para golpear a Nicolás Maduro y al mismo tiempo mandar una señal a regímenes aliados de La Habana, Moscú, Pekín y Teherán. Furchtgott-Roth presentó ese viraje como un golpe político contra adversarios de Estados Unidos y como una demostración de fuerza frente a dictaduras que se benefician del petróleo y de la presión internacional.
Para Cuba, ese mensaje tiene lectura propia. Cada movimiento que estrecha el margen de maniobra de Caracas repercute sobre la economía del régimen cubano, atado desde hace años a socios energéticos y a redes de poder que dependen del petróleo para sostenerse. La ofensiva de Trump sobre la producción y el mercado petrolero se inscribe, además, en una agenda más amplia de confrontación con gobiernos autoritarios que usan la energía como palanca política.
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