La Gaceta Oficial publicó la nueva Ley de Salud Pública en Cuba y, con ella, el régimen abrió la puerta legal a la eutanasia y al derecho a una muerte digna. El texto reconoce supuestos para finalizar la vida en casos de enfermedades crónicas degenerativas o irreversibles, sufrimiento intratable y estados terminales o agónicos. Sin embargo, dejó la medida suspendida en el aire, sin fecha de aplicación y atada a una norma complementaria que todavía no existe.
La ley fue aprobada por el Parlamento a finales de 2023, pero el régimen la mantiene en una zona gris: admite el principio, redacta las condiciones y pospone su ejecución hasta que estén creadas las llamadas condiciones del país. Esa fórmula, tan típica del poder cubano, deja en evidencia un país donde las decisiones legales pueden anunciarse con solemnidad y quedar congeladas indefinidamente por pura voluntad política.
El documento también establece que el paciente puede negarse a recibir procedimientos médicos, aun cuando esos tratamientos pudieran significar una mejoría. Para que esa decisión tenga validez, los médicos deben considerar que la persona está en plena capacidad mental. Además, la ley incorpora la voluntad anticipada, un mecanismo por el cual alguien deja por escrito qué tratamiento acepta o rechaza si pierde la capacidad de decidir.
La letra de la norma añade que los casos deberán pasar por un comité de ética, aunque sin detallar cómo funcionará ese filtro ni qué margen real tendrá el enfermo dentro de un sistema sanitario marcado por la escasez, el control burocrático y la degradación institucional. En un país donde el Estado controla la vida pública hasta el cansancio, la regulación de la muerte también queda en manos de una maquinaria oficial que promete derechos mientras los aplaza.
Con esta publicación, Cuba queda encaminada a convertirse en el segundo país de América Latina en permitir la muerte asistida. Pero el anuncio llega con el sello habitual del régimen: reconocimiento formal, ejecución pendiente y una legalidad que depende de otra norma que nadie se atreve a fechar.
La Gaceta Oficial publicó la nueva Ley de Salud Pública y reconoció la eutanasia, pero el régimen dejó su aplicación pendiente de otra norma.[28][

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