El Tribunal Provincial Popular de La Habana volvió a dejar al desnudo el uso político de la justicia en Cuba al condenar a cinco años de prisión a Fernando Almenares Rivera, rapero y artista plástico conocido como Nando OBDC, por colocar pancartas con mensajes a favor de los derechos humanos y de cambios en la isla.
La sentencia, fechada el 22 de diciembre de 2025 y revelada ahora, acusa al artista del delito de propaganda contra el orden constitucional. Almenares Rivera permanece en prisión provisional desde diciembre de 2024, un encierro que anticipó el castigo antes de que el tribunal cerrara el caso con una condena dura y ejemplarizante.
Según la resolución, el rapero recibió indicaciones de la organización disidente Cuba Primero, radicada en el exilio y señalada por el régimen como una “organización contrarrevolucionaria” en Estados Unidos. El escrito sostiene además que recibió 200 dólares para escribir y colocar cuatro pancartas en un tramo de la salida de La Habana hacia Matanzas.
Las consignas incluyeron frases como “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”, “queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero en las calles”. La propia sentencia afirma que esos mensajes pretendían “provocar desórdenes sociales”, “alterar la tranquilidad ciudadana” y “estimular acciones contra el orden social establecido en el país”.
El aparato represivo también puso el foco en el origen del dinero y en Armando Labrador, cubanoamericano que figura como fundador y presidente de Cuba Primero en sus redes sociales. Tanto la organización como Labrador aparecen en la lista de entidades y personas terroristas publicada por el régimen en agosto de 2025.
Activistas cercanos al rapero negaron a EFE a finales del año pasado que Almenares Rivera estuviera vinculado a Cuba Primero, aunque reconocieron colaboraciones con el Comité Ciudadano por la Integración Racial y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. En el juicio, el principal testigo de la Fiscalía fue un teniente coronel de la Policía, mientras la culpabilidad se apoyó también en una comparación caligráfica entre el artista y los mensajes de las pancartas.
Almenares Rivera negó los hechos durante la vista oral. La condena todavía no es firme y puede ser apelada en un plazo de 10 días hábiles, pero el mensaje político ya quedó claro: en Cuba, un reclamo por derechos humanos puede terminar tratado como amenaza al orden constitucional.
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