La Habana abrió este lunes la puerta para que los cubanos residentes en el exterior, incluidos los que viven en Estados Unidos, puedan invertir y manejar empresas en sectores clave de la economía de la isla, entre ellos el bancario, la agricultura, la energía y los alimentos. El anuncio llega mientras Cuba sufre una crisis energética que ha paralizado casi por completo la economía y acaba de registrar un apagón generalizado, el sexto en casi un año y medio.
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, dijo en una entrevista con NBC que el régimen está dispuesto a sostener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes. En otra intervención en la televisión cubana, añadió que esos emigrados podrán asociarse con una entidad pública o privada ya existente, o crear su propia empresa privada, sin limitación alguna según afirmó.
La apertura alcanza inversiones grandes, sobre todo en infraestructura, y no se limita a pequeños negocios. Pérez-Oliva mencionó además los bancos de inversión, la entrega de tierra en usufructo para la agricultura y la entrada de capital en proyectos de energía y alimentos. El mensaje revela la urgencia de una economía sostenida durante décadas por el control estatal, y también el agotamiento de un modelo que ya no puede respirar sin buscar dinero fuera.
Mientras el discurso oficial insiste en culpar al embargo de Washington, la realidad diaria sigue golpeando a los cubanos dentro de la isla: falta combustible, se raciona la gasolina y sectores como el turismo, el níquel y el tabaco cargan con el peso de la crisis energética. El propio ministro presentó el bloqueo como el principal obstáculo para las transformaciones que el régimen dice impulsar, al alegar que limita el acceso a financiamiento, tecnología, mercados y combustible.
La señal política de fondo es clara. La Habana necesita capital fresco y ya no logra sostener por sí sola una economía cerrada, centralizada y dependiente del Estado. A inicios de marzo, el régimen autorizó por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas. Hasta entonces, las únicas empresas mixtas admitidas eran las formadas por el Estado cubano y compañías extranjeras no estadounidenses.
La apertura hacia los emigrados aparece así menos como una rectificación de fondo que como una maniobra para buscar oxígeno financiero y preparar una eventual negociación con Estados Unidos. Esa lectura la resumió el economista Pedro Monreal, al sugerir que la medida apunta más a abrir la puerta a inversiones estadounidenses que a promover de verdad la participación económica de la diáspora.
Desde Miami, donde vive una parte decisiva del exilio cubano, el anuncio recibió rechazo. Ramón Fernández, de 60 años, dijo que sí quiere invertir en Cuba, pero solo cuando exista cambio económico y cambio político. Esa respuesta deja al descubierto la desconfianza que dejó el régimen tras años de trabas, control y promesas incumplidas: sin libertad para invertir, sin garantías de propiedad y sin reglas claras, cualquier invitación oficial sigue dependiendo del mismo aparato que empujó a millones al exilio.
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