El artista independiente Fernando Almendares Rivera, conocido como Nando OBDC, recibió una condena de cinco años de prisión por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, en un fallo dictado por la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
La sentencia, conocida este lunes a partir de fuentes familiares con acceso al documento, vuelve a dejar al desnudo la maquinaria represiva del régimen contra quienes se expresan fuera del libreto oficial. En Cuba, un cartel en la calle puede terminar tratado como delito grave cuando el mensaje cuestiona al poder.
Según el fallo, Almendares Rivera colocó en agosto de 2024 varios carteles con mensajes políticos en una vía pública del municipio Guanabacoa, sobre fragmentos de tela blanca ubicados en un tramo de la carretera Monumental, entre el puente del Combinado del Este y el de Santa Fe. Entre las frases escritas figuraba “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”.
La madre del artista, Eva Rivera, rechazó la condena y aseguró que su hijo es inocente. Desde La Habana, dijo a Martí Noticias que no acepta una sentencia que considera injusta y señaló además errores en los datos personales recogidos en el documento judicial. Según explicó, el fallo menciona edades y nombres que no coinciden con la información real de la familia.
Rivera también cuestionó la versión oficial sobre la verificación del paradero de su hijo el día de los hechos. Afirmó que ella misma estuvo en el evento artístico al que se hace referencia y sostuvo que el tribunal no comprobó de forma convincente la supuesta participación de Fernando en la actividad.
La sentencia atribuye la autoría de los textos a Almendares Rivera y lo vincula con indicaciones de Armando Labrador Coro, ciudadano cubanoamericano residente en Estados Unidos y relacionado con la organización Cuba Primero. Además, sostiene que recibió 200 dólares enviados desde el exterior por la colocación de los carteles.
Durante el juicio, el tribunal tomó en cuenta peritajes, testimonios de instructores de la Seguridad del Estado y el contenido del teléfono celular del acusado. También rechazó la solicitud de absolución presentada por la defensa y lo declaró autor directo de los hechos.
El fallo añade referencias a la actividad pública previa del artista, incluida su participación en proyectos musicales críticos del Gobierno cubano y menciones en medios y plataformas opositoras. Igualmente recoge que no estaba registrado como trabajador por cuenta propia ni vinculado oficialmente a instituciones culturales estatales.
La sanción impone además privación de derechos públicos, comiso del teléfono celular, del dinero ocupado y de los materiales utilizados, junto con la prohibición de salida del país hasta el cumplimiento total de la pena. El expediente criminal convierte una expresión política en castigo ejemplarizante y confirma la lógica de control con la que actúa el aparato judicial del régimen.
Eva Rivera anunció que seguirá denunciando el caso. Insiste en que su hijo se declara inocente y en que la condena responde a una persecución política contra un artista que se ha movido en espacios críticos y fuera de la obediencia oficial.
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