La OEA volvió a colocar sobre la mesa una de las heridas más graves del chavismo: la existencia de presos políticos sometidos a torturas dentro de sus cárceles. En una sesión marcada por la denuncia, el organismo exigió la liberación incondicional de quienes siguen encerrados bajo un aparato represivo que usa la prisión como castigo y advertencia.
El pronunciamiento no dejó espacio para ambigüedades. La denuncia de torturas expone el fondo del sistema que sostiene al régimen venezolano: detenciones políticas, maltrato carcelario y una maquinaria estatal diseñada para aplastar la disidencia. Mientras esa realidad persista, cada preso político seguirá siendo prueba viva de un poder que teme a la libertad y se apoya en la intimidación.
La exigencia de la OEA añade presión internacional sobre una dictadura que ha convertido las cárceles en instrumento de control político. La situación de los presos políticos en Venezuela ya no admite eufemismos diplomáticos. Se trata de una represión abierta, sostenida y documentada desde hace años, con víctimas que siguen pagando el precio de enfrentarse al poder.
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