El régimen cubano volvió a usar su maquinaria judicial para castigar a quien se atreve a mostrar la realidad. Esta vez, la víctima es Julio César Duque de Estada Ferrer, un opositor condenado a cuatro años y seis meses de prisión por grabar con su móvil una fila para comprar gas licuado, una escena cotidiana en medio de la escasez y la miseria que golpean a la isla.
La denuncia fue dada a conocer por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, y recogida por Infobae. Según esa información, el disidente fue sentenciado por los supuestos delitos de «desobediencia» y «atentado», dos fórmulas que el aparato represivo suele convertir en herramienta para fabricar castigos políticos y blindar el control sobre el espacio público.
El caso deja al descubierto la lógica del sistema: filmar una fila, un acto elemental de documentación ciudadana, termina convertido en delito cuando expone la precariedad que el régimen intenta esconder. En Cuba, registrar con un teléfono lo que cualquiera ve en la calle puede costar cárcel si el poder interpreta esa imagen como una amenaza a su relato.
El OCDH sostuvo además que todo el proceso estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos y calificó la sentencia de farsa. La organización señaló que el acto de grabar en un espacio público no constituye delito y denunció que, durante el incidente, Duque de Estada Ferrer fue intimidado por un agente de la policía política, quien luego llegó al forcejeo con el opositor.
La condena confirma otra vez la profundidad de la represión en la isla. Mientras la crisis económica multiplica las colas y el desabastecimiento, el régimen responde con tribunales, amenazas y prisión para protegerse de la evidencia. No castiga un video: castiga la exposición de su fracaso.
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