La Comisión de Miami aprobó por unanimidad la creación de un grupo de trabajo para investigar posibles vínculos de comercios locales con el régimen de Cuba. Si esas conexiones aparecen, los negocios podrían perder sus licencias. La decisión coloca a la ciudad en una línea más dura frente a cualquier actividad que termine favoreciendo a La Habana desde territorio estadounidense.
La medida todavía necesita la firma de la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, para entrar en vigor. El plan prevé un equipo integrado por empleados de la ciudad y personal de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, con la misión de revisar denuncias y seguir el rastro de esos nexos comerciales.
Durante la sesión, el comisionado del distrito 4, Ralph Rosado, fijó el tono de la decisión con una advertencia directa: cualquier empresa que actúe de manera ilegal, inapropiada y ayude al Gobierno de Cuba corre el riesgo de ser cerrada. El mensaje apunta a cortar de raíz cualquier resquicio para que el régimen use negocios del sur de la Florida como apoyo o pantalla.
Miami concentra a más de 100.000 cubanos y a cientos de miles de descendientes de cubanos que salieron de la isla bajo el peso del castrismo. En Pequeña Habana, donde operan decenas de comercios regentados por miembros del exilio, la medida toca un nervio sensible: el de una comunidad que conoce de cerca el costo político y humano de sostener o tolerar al aparato que expulsó a tanta gente de su país.
La presión también avanza en Hialeah, la vecina ciudad con una proporción aún mayor de cubanos. Su nuevo alcalde, Bryan Calvo, anunció este mes medidas enérgicas contra los comercios con vínculos con el régimen castrista. Según las cifras que él mismo divulgó, 290 negocios de esa ciudad han recibido denuncias. El movimiento de Miami y Hialeah marca un cerco político más firme contra cualquier relación comercial con la dictadura de la isla.
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