El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llevó este jueves al Parlamento de Canadá una denuncia directa sobre Cuba: pidió que Ottawa empuje una respuesta internacional coordinada para forzar una apertura económica y política real, y para que cualquier ayuda humanitaria llegue a la población sin quedar atrapada en la maquinaria del régimen.
En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Yaxys Cires defendió que la salida para la isla pasa por libertades económicas, iniciativa privada y respeto a los derechos humanos. También insistió en que la asistencia destinada a los cubanos más vulnerables no debe pasar por los mismos mecanismos estatales que administran la escasez y controlan la distribución.
La advertencia apunta a uno de los puntos más sensibles del sistema cubano: la ayuda internacional, como casi todo en la isla, corre el riesgo de terminar filtrada por estructuras oficiales que responden primero al poder y después a la gente. Por eso el OCDH pidió que esa asistencia llegue de forma directa a la población y que se canalice a través de iglesias y de la sociedad civil independiente, dos espacios que todavía conservan credibilidad frente al aparato estatal.
Cires fue más allá y reclamó a Canadá, junto a otros países inversores, que exija cambios en el régimen laboral aplicado a las inversiones extranjeras en Cuba. Según expuso, ese modelo obliga a contratar por medio de entidades empleadoras estatales que se quedan con hasta el 90% de los salarios, un esquema que empobrece al trabajador y deja en evidencia el carácter extractivo de un sistema que usa la inversión foránea sin reconocer derechos básicos.
La denuncia conecta con el fondo de la crisis cubana: el desplome de hospitales, la falta de insumos médicos, el derrumbe de viviendas, los apagones y la basura en las calles no son accidentes aislados ni una mala racha pasajera. Responden a décadas de economía planificada, concentración estatal de la producción y ausencia de seguridad jurídica, un modelo que sofoca la libertad económica y social mientras empuja a más cubanos a la dependencia, la pobreza y el exilio.
Durante la audiencia también intervinieron Carolina Barrero Ferrer, de Ciudadanía y Libertad; John Suarez, del Centro para una Cuba Libre; y Kirenia Carbonell, de la Coalición Cubano-Canadiense. En esa línea, Carbonell advirtió que Canadá no debe legitimar un statu quo represivo ni permitir que la ayuda humanitaria quede monopolizada por estructuras que sostienen la crisis. En una isla donde la sociedad civil independiente es criminalizada, esa advertencia tiene una carga política evidente: cualquier cooperación que ignore al régimen termina reforzando el mismo control que ha hundido al país.
El mensaje que salió de esa sesión parlamentaria fue claro. Cuba no necesita retoques de imagen ni alivios cosméticos para el desgaste de la dictadura. Necesita cambios de fondo, presión exterior bien dirigida y apoyo directo a los cubanos que sobreviven entre la censura, la miseria y el desamparo institucional.
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