La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a favor del preso político cubano Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortíz, ante el riesgo grave y urgente que enfrentan bajo el control del régimen.
La resolución 5/2026 de la CIDH sostiene que ambos se encuentran expuestos a un daño irreparable en su vida, integridad personal y salud. En el caso de León Taboada, el organismo tomó en cuenta que estaría en huelga de hambre desde hace más de una semana, en medio de un cuadro que ya arrastraba violencia, falta de atención médica y condiciones precarias de detención.
León Taboada permanece encarcelado en el Combinado del Este desde el 16 de julio de 2021, después de su participación en las protestas del 11J. Desde entonces, su caso ha quedado marcado por el trato brutal del aparato penitenciario y por la indiferencia de las autoridades, que no ofrecieron a la CIDH información sobre atenciones médicas inmediatas ni sobre acciones capaces de frenar el deterioro de su salud.
La Comisión advirtió que, si continúa bajo custodia del régimen en esas condiciones, el peligro puede agravarse con el tiempo. También pidió una valoración médica integral, tratamiento oportuno y especializado, además de garantías para que no sea víctima de violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro de la prisión.
La situación de su madre fue incluida en la misma resolución. La CIDH observó que las amenazas atribuidas a agentes de la Seguridad del Estado colocan a Yenisey Taboada Ortíz en una posición de riesgo real, en un país donde el hostigamiento contra familiares de presos políticos forma parte del castigo extendido que aplica la dictadura para quebrar denuncias y silencios.
El organismo interamericano exigió además que Cuba adopte medidas con enfoque de género para proteger a Taboada Ortíz en su labor como defensora de derechos humanos, sin hostigamiento ni intimidaciones. Hasta ahora, el régimen no ha respondido ante la CIDH, una conducta que confirma su desprecio por la institucionalidad regional y por cualquier mecanismo serio de tutela de derechos.
El Observatorio de Derechos Culturales, que impulsó la solicitud de protección desde noviembre pasado, celebró la decisión y denunció que el caso de Duannis está atravesado por violencia institucional, negligencia médica y represalias contra su madre por las denuncias públicas. La curadora y activista Anamely Ramos también dio visibilidad a la huelga de hambre y a la determinación del preso político, que exige justicia frente a un sistema carcelario diseñado para castigar la disidencia.
Sé el primero en comentar