La Casa Blanca activó una nueva ofensiva contra el régimen cubano con una Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026 y vigente desde hoy. El texto declara una emergencia nacional frente a lo que Washington considera amenazas para su seguridad y su política exterior, y coloca a La Habana en el centro de una red de apoyos que también alcanza a China, Rusia, Irán, Hamás, Hezbolá y Venezuela.
La medida abre además un mecanismo para imponer aranceles a bienes importados de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, de forma directa o indirecta. Ese punto toca una de las vías que han mantenido a flote al aparato castrista, sostenido durante años por proveedores externos mientras la isla sigue hundida en la escasez, la dependencia y el control político.
Bruno Rodríguez reaccionó con la fórmula de siempre y calificó el documento como “una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”. Miguel Díaz-Canel habló de un “pretexto mendaz y vacío de argumentos” para “asfixiar la economía cubana” mediante aranceles a los países que comercien petróleo con la isla. La respuesta del régimen volvió a refugiarse en la propaganda y en la victimización, sin tocar el fondo de las acusaciones que pesan sobre su política exterior.
China apareció mencionada por su cooperación en inteligencia y defensa con el régimen. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, dijo que su país apoya a Cuba en la defensa de su soberanía y rechaza la injerencia externa, al tiempo que calificó la medida como parte de “prácticas inhumanas”. Rusia también fue señalada como aliado clave. El texto divulgado por la Casa Blanca sostiene que Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales rusa en el extranjero, usada para robar información sensible sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.
Irán figura igualmente entre los “países hostiles” con los que Cuba se alinea, según el documento presidencial. La orden incluye además a Hamás y Hezbolá entre los grupos terroristas transnacionales a los que el régimen habría dado la bienvenida, creando un entorno seguro para vínculos económicos, culturales y de seguridad con capacidad de desestabilizar la región y el hemisferio occidental.
Washington sostiene que el régimen cubano ha brindado durante largo tiempo asistencia en defensa, inteligencia y seguridad a sus adversarios en la región, mientras intenta esquivar sanciones estadounidenses e internacionales. La orden también acusa a La Habana de apoyar el terrorismo y de desestabilizar el hemisferio mediante la migración y la violencia, una señal más del papel que juega el castrismo como factor de riesgo para la seguridad regional.
Venezuela reaccionó con el libreto habitual del chavismo. Su cancillería calificó la orden de Trump como una violación del derecho internacional y de los principios del comercio global, y Yván Gil habló de “medidas punitivas” contra los países que mantengan relaciones comerciales con Cuba. El mensaje encaja con una alianza política que durante años ha servido para sostener al régimen de La Habana con petróleo y oxígeno financiero.
México, hoy proveedor actual de crudo para la isla, adoptó un tono de cautela. Claudia Sheinbaum instruyó a su canciller a comunicarse de inmediato con el Departamento de Estado para conocer el alcance de la decisión. La mandataria dijo que su gobierno no quiere poner en riesgo al país frente a eventuales aranceles y reiteró la línea de la diplomacia, la no confrontación y el diálogo. La reacción confirma que la presión de Washington ya tiene eco más allá de Cuba y obliga a sus socios a medir el costo de seguir alimentando al régimen.
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