Delcy Rodríguez volvió a poner sobre la mesa el drama de los presos políticos en Venezuela con un anuncio que intenta vestir de reconciliación una realidad marcada por la represión. La presidenta encargada dijo este viernes que impulsará una “ley de amnistía general” para los detenidos por motivos políticos, con la promesa de “favorecer la convivencia” y “borrar las causas” de los liberados.
La medida, reportada en un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia, será llevada a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, previsiblemente la próxima semana. Rodríguez aseguró que la decisión fue conversada con Nicolás Maduro y pidió dejar atrás “la violencia o la venganza”, un discurso cuidadosamente armado para presentar como gesto de apertura lo que en el fondo responde a la presión acumulada por la existencia de cientos de detenidos políticos.
El anuncio podría alcanzar a cientos de presos políticos que siguen tras las rejas, en medio de un proceso de liberaciones que el propio chavismo presenta como masivo, pero que los defensores de los detenidos rebajan con fuerza. Mientras el oficialismo habla de más de 600 excarcelaciones, las organizaciones que siguen estos casos sitúan la cifra en 302. La diferencia revela el intento del régimen de inflar sus concesiones y maquillar el costo real de su aparato represivo.
La futura norma, según lo reportado, iría más allá de las excarcelaciones parciales de semanas recientes. Hasta ahora, varios liberados han salido con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país, restricciones para declarar y límites para acceder a determinados empleos. Rodríguez plantea ahora un perdón más amplio, con el propósito de cerrar expedientes y “borrar las causas” que mantienen a los excarcelados bajo amenaza judicial permanente.
La propia funcionaria adelantó una exclusión clara: la amnistía no alcanzaría a condenados por homicidio, drogas ni delitos comunes. En el mismo acto, al que según el reporte no se permitió el acceso de periodistas, también prometió que El Helicoide, uno de los símbolos más visibles de la represión chavista, sería convertido en centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. La idea choca con la historia de ese lugar, convertido durante años en emblema del castigo político en Venezuela.
El anuncio llega después de un período de liberaciones graduales que, de acuerdo con el reporte, comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de asalto estadounidenses en la madrugada del 3 de enero. Desde entonces, el chavismo ha intentado administrar el tema con opacidad, sin publicar listas claras ni informar con precisión quiénes serán beneficiados. Esa falta de transparencia ha alimentado el reclamo de familiares y organizaciones que exigen respuestas concretas y no promesas de escaparate.
Las cifras siguen siendo motivo de disputa. Las ONG defensoras han confirmado algo más de 300 excarcelaciones en el último mes, pero todavía quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes. A esa cifra se suman más de 9,000 personas bajo medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados forzados por la persecución política. El saldo es el de un país donde la represión no termina en la cárcel: se extiende a la vigilancia, al expediente judicial y al destierro.
Frente a esa realidad, familiares han levantado vigilias y campamentos frente a cárceles para exigir la liberación total. La presión ha reactivado protestas que habían quedado apagadas tras el aumento de la persecución política. El reclamo por una amnistía general circula desde hace años entre la oposición y las víctimas del régimen, que ven en cada anuncio oficial un intento de ganar tiempo sin desmontar de verdad la maquinaria de persecución.
El antecedente más cercano fue el indulto de 2020, cuando Maduro liberó a 110 opositores, incluidos miembros del equipo de Juan Guaidó. Entonces se publicó una lista, pero defensores denunciaron que el chavismo la había inflado con presos comunes y personas ya liberadas previamente. Esa memoria explica el escepticismo con que hoy se recibe cada promesa de alivio judicial en Venezuela.
En paralelo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó una propuesta propia de ley de amnistía y recoge firmas para impulsar su discusión. Su documento toma como punto de partida el 1 de febrero de 2014 e incluye presos políticos, exiliados y perseguidos, con plazos y mecanismos para el sobreseimiento de causas y la verificación independiente. La diferencia entre esa propuesta y el anuncio de Rodríguez es evidente: una nace de las víctimas; la otra, del régimen que las encarceló.
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