La relación entre Cuba y Estados Unidos entró en una fase de máxima tensión después de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que declara una emergencia nacional al considerar que el régimen cubano representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y la política exterior de su país.
La medida no quedó en un gesto retórico. Washington estableció un sistema arancelario para aplicar gravámenes adicionales a los productos de los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta. El golpe apunta a una de las pocas vías que todavía sostienen la precaria supervivencia energética de la isla y coloca al régimen bajo una presión externa mucho más dura.
Frente a esa decisión, La Habana respondió con el silencio que suele revelar más que cualquier discurso. Ni Miguel Díaz-Canel ni Bruno Rodríguez Parrilla, dos de los voceros más activos del poder en redes sociales, han emitido pronunciamientos públicos sobre la medida. Tampoco hubo una reacción política de peso desde las estructuras oficiales.
La única respuesta visible vino del aparato propagandístico. Cubadebate publicó una nota limitada a reproducir fragmentos del decreto de la Casa Blanca, sin argumentación propia ni una posición clara de las autoridades cubanas. El contraste es evidente: mientras Washington aprieta el cerco económico, el régimen evita dar la cara.
Entre las escasas voces que sí reaccionaron apareció la del diputado a la Asamblea Nacional Carlos Miguel Pérez Reyes, quien calificó la medida de “acción injusta e inhumana” y acusó a Estados Unidos de recurrir al chantaje. En su mensaje, sostuvo que la decisión es “extraterritorial” y que busca asfixiar al pueblo cubano y obstaculizar el desarrollo del país.
El legislador repitió la línea habitual del oficialismo: responsabilizar a Washington por la escasez, las carencias y la falta de combustible, alimentos, medicamentos, tecnología y financiamiento. También defendió la soberanía nacional y acusó a Estados Unidos de actuar “como si fuese el dueño del mundo”, mientras sostuvo que el pueblo cubano tiene derecho a vivir en paz.
El problema de fondo sigue intacto. La isla atraviesa una crisis energética y económica profunda, y el régimen carga con el peso principal de ese colapso interno. La nueva ofensiva de Trump agrava el escenario, pero la respuesta de La Habana confirma una vez más su fragilidad política: ante una confrontación de gran alcance, el poder prefiere esconderse detrás del silencio y de la propaganda.
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