Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron dos nuevos feminicidios en Cuba y elevaron a seis las víctimas de la violencia machista en la isla durante enero. El dato vuelve a exhibir una tragedia que el régimen insiste en minimizar, mientras el país sigue sin una respuesta legal y política a la altura del daño.
El primer caso ocurrió el 19 de enero en Las Mercedes, en el oriente del país. La víctima, Yaniuska Barrero, de 38 años, habría sido asesinada por su pareja. El segundo se registró el 30 de enero en Santa Catalina, también en el este, donde Yaneisi Quiala, de 38 años, murió presuntamente a manos de su pareja, quien después se suicidó, según el recuento de ambas organizaciones.
Detrás de cada cifra quedan familias rotas y niños expuestos a una violencia que el poder no enfrenta con seriedad. Barrero dejó al menos una hija menor de edad; Quiala, dos hijos. Las dos ONG recuerdan además que sus números son un subregistro y que la magnitud real de los crímenes debe ser mayor, porque el aparato oficial no ofrece información transparente ni condiciones plenas para verificar cada caso.
Las activistas han denunciado que las autoridades dificultan su trabajo de comprobación y denuncia, una conducta que forma parte del mismo control político con que el régimen maneja otros asuntos sensibles. Mientras tanto, los expedientes pendientes de 2025 y de este año siguen acumulándose, sin que exista una política pública efectiva que proteja a las mujeres en riesgo ni un sistema confiable de registro.
Las cifras disponibles refuerzan la gravedad del problema. En 2025 se produjeron al menos 46 asesinatos machistas, de acuerdo con datos elaborados por EFE a partir de los registros de ambas plataformas. Ese mismo análisis mostró que el 81 % de los victimarios eran parejas de las mujeres asesinadas y que cinco de los feminicidas tenían antecedentes penales o habían sido denunciados antes por las propias víctimas.
El marco legal cubano sigue atrasado frente a esta violencia. El Código Penal no tipifica el feminicidio como delito específico y los medios oficiales evitan reportar estos hechos o usar ese término, a pesar del discurso de “tolerancia cero” repetido desde arriba. La apertura de una oficina de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en La Habana para asesorar a víctimas llega tarde y confirma que el régimen ha reaccionado más por presión que por convicción.
Las organizaciones feministas han reclamado una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas de prevención. También piden declarar un estado de emergencia por violencia de género en la isla. Sus demandas resumen una realidad dura: en Cuba las mujeres siguen desprotegidas mientras el poder administra las cifras, maquilla el drama y evita asumir responsabilidades reales.
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