El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró en enero al menos 390 acciones represivas contra la población civil en Cuba, en un inicio de año marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, citaciones policiales y hostigamiento directo del régimen.
El informe detalla 42 detenciones arbitrarias y 348 abusos, además de 112 casos de sitio policial a viviendas de activistas, una práctica que el aparato de poder usa como herramienta de intimidación y control político. A eso se suman 85 amenazas, 78 citaciones policiales y 27 abusos contra presos políticos y comunes.
Las mujeres fueron las más golpeadas por esta ofensiva represiva, con 270 casos. La Habana, Matanzas y Camagüey concentraron el mayor número de acciones, lo que confirma que el acoso oficial sigue extendido en todo el país.
Varias de las retenciones en viviendas y de las amenazas buscaron impedir la asistencia de periodistas independientes y activistas cívicos a un evento convocado en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El mensaje del régimen fue el de siempre: vigilar, encerrar y cortar cualquier intento de organización fuera de su control.
El OCDH atribuyó este repunte a un arranque de año atravesado por el nerviosismo del régimen tras la captura de Nicolás Maduro. La organización también vinculó el endurecimiento represivo con el anuncio de más penurias y restricciones para una población que ya supera el 89% de extrema pobreza, mientras el poder mueve efectivos militares para sembrar temor frente a posibles protestas masivas.
La ONG advirtió a la comunidad internacional sobre un aumento de la represión en las próximas semanas. Según el propio informe, en 2025 se contabilizaron al menos 3.179 acciones represivas y más de 800 presos políticos seguían en las cárceles. Desde 2021, el acumulado supera las 26.200 acciones, una cifra que retrata la permanencia de un sistema de persecución sostenido desde arriba.
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