Amnistía Internacional volvió a señalar al régimen cubano por el recrudecimiento de la represión contra presos de conciencia y sus familiares, en un país donde la vigilancia, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento se han convertido en herramientas de castigo político. La organización advirtió además sobre el deterioro de la salud de varios reclusos, atrapados en cárceles donde el poder administra el sufrimiento con frialdad y luego se lava las manos.
Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG, describió un patrón sistemático de prácticas autoritarias que incluye vigilancia constante de viviendas, privación de libertad por cortos periodos y restricciones injustificadas para salir del hogar. Todo ese entramado busca intimidar, aislar y silenciar a quienes reclaman derechos humanos, atención médica o la libertad de sus seres queridos.
La denuncia alcanza también a madres, padres y otros familiares que han salido a exigir soluciones humanitarias y a reclamar trato digno para los presos. Amnistía Internacional subrayó que el acoso del régimen se extiende a ese entorno cercano con una lógica de castigo colectivo, donde denunciar abusos o pedir asistencia sanitaria termina convertido en motivo de persecución.
La organización alertó, además, sobre actuaciones realizadas sin orden judicial, sin información sobre su base legal y sin mecanismos efectivos para impugnarlas. Esa manera de proceder deja al descubierto un aparato represivo que opera al margen de las garantías mínimas del debido proceso y usa la arbitrariedad como método de control político.
AI puso el foco en la situación de varios presos con enfermedades crónicas graves, entre ellos Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca, cuyos cuadros se habrían agravado durante la reclusión. La ONG sostuvo que, pese a que personal médico del sistema penitenciario conoce la gravedad de esos diagnósticos, las autoridades mantienen demoras en la aplicación de los beneficios penales por razones de salud contemplados en la legislación cubana.
Johanna Cilano recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar atención sanitaria adecuada a toda persona bajo custodia, sin discriminación y bajo los mismos estándares disponibles en la comunidad. Negar o retrasar esa atención, advirtió, puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La organización también advirtió que bloquear de forma arbitraria los procedimientos de excarcelación por motivos médicos pone en riesgo la vida y la integridad de personas con enfermedades graves. En su llamado final, exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia, el fin de las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento, y garantías reales para que reciban atención médica oportuna y adecuada.
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