El régimen volvió a mover una ficha delicada en su sistema de control laboral. Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, anunció que las empresas extranjeras podrán contratar directamente a trabajadores cubanos, sin pasar por las entidades empleadoras estatales que durante décadas han servido de intermediarias obligatorias.
El anuncio, hecho en una entrevista televisiva, llega envuelto en el lenguaje habitual de modernización, transparencia y agilidad administrativa. En Cuba, ese vocabulario suele esconder más de lo que revela. La novedad, presentada como una apertura para atraer capital foráneo, toca de lleno uno de los pilares más rentables y políticos del control estatal sobre la fuerza de trabajo.
Hasta ahora, el esquema ha sido claro: la empresa extranjera paga en divisas a la entidad empleadora y el trabajador recibe su salario en pesos cubanos, mientras el Estado retiene la diferencia. Ese mecanismo no solo exprime al empleado cubano; también convierte al régimen en árbitro, patrón y beneficiario de la relación laboral. La supuesta contratación directa desmontaría, al menos en teoría, esa cadena de intermediación que ha funcionado como una forma de servidumbre moderna.
Pero el anuncio llega sin respaldo legal visible. Pérez-Oliva no mostró decreto, resolución ni modificación normativa que avale el cambio. Tampoco existe constancia de que el reglamento vigente haya sido derogado o ajustado. Por eso, la promesa queda por ahora en el terreno de la propaganda: un mensaje para inversionistas, una señal calculada de flexibilidad, una apertura que todavía no tiene base práctica.
El trasfondo es revelador. El régimen necesita mostrar señales de movimiento en medio de la crisis, la fuga de capital y el agotamiento de su modelo económico. Pérez-Oliva, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, ha sido colocado como rostro joven de esa línea de continuidad: tecnocracia de apellido histórico, discurso de cambio y control intacto. Su ascenso confirma la vieja maniobra del castrismo: renovar la imagen sin tocar el poder real.
La contratación directa, si alguna vez se aplica, implicaría un giro sensible en un país donde la relación laboral con capital extranjero siempre ha estado atravesada por el control político. Por ahora, el anuncio sirve más para vender una imagen de reforma que para anunciar una transformación real. Cuba sigue atrapada en el mismo diseño: el Estado quiere parecer moderno, pero conserva la obsesión de siempre por mandar sobre el trabajador.
Óscar Pérez-Oliva Fraga anunció que empresas extranjeras podrían contratar cubanos directamente, aunque sin decreto ni cambio legal que lo respalde.[8][
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