Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, entre ellos los tres legisladores cubanoamericanos del sur de Florida, pidieron a Donald Trump que el Departamento de Justicia estudie cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La carta también solicita que se evalúe la emisión de notificaciones rojas de Interpol contra el jefe del régimen cubano.
La petición fue difundida por Mario Díaz-Balart, que acompañó el documento con un mensaje de respaldo a Trump y con una frase que resume el reclamo político de fondo: la rendición de cuentas debe empezar desde arriba. Los firmantes hablan de una injusticia arrastrada por años y apuntan directamente a la cúpula de poder en Cuba como responsable del crimen.
En la misiva, los congresistas sostienen que Raúl Castro ordenó el 24 de febrero de 1996 que un MiG cubano destruyera las aeronaves civiles sobre aguas internacionales. También identifican a las víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente en Estados Unidos.
El caso sigue pesando en el exilio porque Hermanos al Rescate realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para ubicar y ayudar a balseros cubanos. El régimen respondió con aviones de combate contra una misión civil y humanitaria, una decisión que dejó muertos y consolidó otra página de impunidad en la historia castrista.
Los legisladores recuerdan además que el expediente tuvo derivaciones judiciales en Estados Unidos. Citan la condena de Gerardo Hernández Nordelo por conspiración para cometer asesinato, así como la acusación posterior contra dos pilotos cubanos y su entonces jefe, Rubén Martínez Puente. También mencionan un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional que concluyó que el Gobierno cubano actuó ilegalmente porque los aviones no estaban sobre territorio cubano ni en su espacio aéreo.
La carta fue firmada por Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis, y se envió también a la fiscal general Pam Bondi. Más allá del trámite político en Washington, el reclamo vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el castrismo: el derribo de Hermanos al Rescate fue una acción de Estado y sigue sin una rendición de cuentas completa.
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