La presión de Washington ya está recortando una de las fuentes de oxígeno del régimen cubano: una decena de países, sobre todo caribeños y centroamericanos, ha cerrado o reducido en el último año sus contratos con brigadas médicas cubanas tras la insistencia de Estados Unidos en que no respalden prácticas de “trabajo forzado”.
El golpe toca una zona sensible para La Habana. Durante años, esas misiones funcionaron como negocio, vitrina política y mecanismo de control sobre miles de profesionales de la salud. Cada contrato que cae deja menos divisas en manos del Estado y expone un modelo que convirtió la medicina en mercancía exterior y a los médicos en piezas de una estructura sometida a disciplina política.
La pérdida de esos acuerdos también debilita uno de los relatos más repetidos por el castrismo: el de la supuesta “solidaridad” exportada como carta de prestigio internacional. Cuando varios gobiernos empiezan a recortar o cerrar ese esquema, queda al descubierto que detrás había necesidad de ingresos, subordinación laboral y una operación pensada para sostener al aparato estatal más que para defender a los propios médicos.
La reunión en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y Bruno Rodríguez se mueve en ese mismo tablero de aislamiento y búsqueda de respaldo. Mientras La Habana intenta conservar espacio político fuera de la isla, el cerco económico se le sigue estrechando por una de las vías que más dinero le dejó durante años.
El problema de fondo vuelve a caer sobre los cubanos. Menos contratos significan menos divisas para un régimen que ya no logra esconder el deterioro de la economía ni la presión diaria sobre la población. La factura la pagan dentro de Cuba quienes siguen atrapados entre salarios miserables, escasez y un Estado que usa la salud como negocio de exportación.
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