Daniel Ortega ha empezado a aflojar el discurso contra Estados Unidos, ha excarcelado a presos políticos y ha reordenado su relación con Washington mientras Nicaragua vuelve a cerrar el paso a miles de viajeros que usaban el país como puente migratorio. El giro llega después de la caída de Nicolás Maduro, su principal aliado regional, y deja al descubierto hasta dónde depende el régimen nicaragüense de la presión externa cuando se siente acorralado.
En Managua, el movimiento más reciente fue el restablecimiento de la visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos Cuba, Venezuela, China, Irán, Siria, Haití y varias naciones africanas. Durante cuatro años, Nicaragua mantuvo acuerdos de libre visado con Cuba y con países africanos que facilitaron vuelos chárter y rutas de tránsito hacia Estados Unidos. Washington había criticado esa política por su papel en la migración irregular.
La medida cae justo cuando la Administración de Donald Trump endurece su presión sobre la migración y convierte al gobierno de Ortega en otro frente de tensión. El cambio no luce casual. Ortega, que lleva en el poder desde 2007, ha guardado sus viejos golpes retóricos contra el imperialismo, pero al mismo tiempo ha dejado ver un cálculo político más frío: bajar el volumen, abrir canales y buscar aire tras la caída de Maduro.
El ajuste también se siente en el frente político interno. El 10 de enero, Nicaragua excarceló a decenas de personas, entre ellas presos políticos que seguían tras las rejas o en condición de desaparición, según confirmaron EFE y varias organizaciones. Estados Unidos había recordado un día antes que en ese país seguían más de 60 personas “injustamente detenidas o desaparecidas”. Washington exigió una liberación incondicional y no simples excarcelaciones parciales para maquillar la represión.
La presión norteamericana no se ha limitado a reclamar libertad para los presos. También ha denunciado el control que Ortega y Rosario Murillo han montado sobre el Estado nicaragüense, al punto de convertir una copresidencia impuesta por reforma constitucional en una pieza más de su dinastía política. La Casa Blanca calificó ese poder como ilegítimo, sin elecciones reales ni legitimidad democrática, y acusó a Murillo de reforzar un sistema cerrado para mantener el control.
En medio de esa secuencia, Managua nombró a Guisell Morales como nueva encargada de negocios en Estados Unidos, un gesto que apunta a recomponer el canal diplomático después de meses de distancia. Nicaragua no tiene embajador en Washington desde febrero de 2024, otro síntoma del enfriamiento que ahora el régimen trata de corregir con movimientos medidos y discurso contenido.
La lectura política es clara. Ortega y Murillo responden a la presión cuando el tablero regional les deja menos margen. Primero retiran parte del costo migratorio, después alivian la cárcel y luego bajan el tono ideológico. El lenguaje antiestadounidense sigue ahí, pero subordinado a la necesidad de negociar. En una dictadura acostumbrada a gritar soberanía mientras aprieta libertades en casa, cada gesto hacia Washington termina diciendo más sobre su debilidad que sobre su fuerza.
Para Cuba, el episodio tiene eco propio. Nicaragua había servido como puerta de entrada para cubanos y otros migrantes que buscaban salir del cerco de la crisis y del control político en la isla. El cierre de esa vía golpea otra vez a quienes viven atrapados entre el hambre, la represión y el exilio forzado. Y vuelve a mostrar cómo los regímenes aliados del castrismo se sostienen entre sí hasta que la presión externa les obliga a moverse.
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