Las grandes cadenas de radio en Estados Unidos siguen haciendo dinero con la música mientras los intérpretes quedan fuera del cobro por la difusión terrestre. Ese reclamo, planteado por el músico y productor John Rich, volvió a poner bajo la lupa un sistema que beneficia a las corporaciones, paga a autores y editores, y deja al artista que interpreta la obra sin un centavo por su uso comercial en la radio.
Rich denuncia que emisoras como iHeart y Cumulus mueven miles de millones de dólares al año en publicidad, construidas sobre el atractivo de las canciones que programan. La justificación de la “exposición” ha servido durante décadas para sostener esa ventaja, como si sonar en el dial fuera compensación suficiente para quien creó o interpretó la pieza que vende la audiencia. El resultado es una cadena de ingresos desigual, donde el peso del negocio cae sobre el trabajo del artista, pero el beneficio no llega a quien lo hace posible.
El propio texto empuja el debate hacia una anomalía más amplia: según Rich, Estados Unidos es la única gran democracia que no paga a los artistas por la reproducción de sus canciones en la radio terrestre. Esa excepción lo coloca, en su comparación, al lado de países como Irán, Corea del Norte y Cuba. La referencia golpea porque deja ver una contradicción de fondo: un país que se presenta como defensor de la propiedad privada y del mérito mantiene, en la práctica, un mecanismo que deja sin remuneración a quienes sostienen el negocio cultural.
El reclamo no se queda en la denuncia. Rich respalda la American Music Fairness Act, una propuesta presentada en el Senado por Marsha Blackburn y en la Cámara por Darrell Issa, que obligaría a las radios AM/FM a pagar a los intérpretes, con una carga menor para las estaciones pequeñas e independientes. El propio texto asegura que la iniciativa cuenta con apoyo de más de 300 artistas, grupos conservadores y radiodifusores comunitarios. Gene Simmons también intervino a favor de la medida y elevó el tono del debate al decir que oponerse a esa ley era una postura “antiamericana”.
Para Cuba, la comparación tiene una lectura incómoda y útil. El régimen ha convertido la cultura en propaganda, ha controlado el trabajo creativo y ha dejado al artista sometido a la dependencia del Estado. En Estados Unidos, la denuncia apunta a otra forma de abuso: un mercado protegido por reglas viejas y por lobby corporativo que permite a las grandes cadenas explotar la música sin pagar a quienes la interpretan. En un caso manda el control político; en el otro, el privilegio económico. El fondo es el mismo: el creador termina perdiendo frente a estructuras que monopolizan el beneficio.
Rich pide que el Congreso apruebe la ley y obligue a las emisoras a compensar a los intérpretes cuando su música genere ganancias. La discusión toca una idea básica que el sistema de radio terrestre ha esquivado por años: el trabajo artístico tiene valor y no puede seguir sirviendo de mercancía gratuita para otros. Cuando una industria gana con ese trabajo, el pago deja de ser un gesto y pasa a ser una deuda.
Sé el primero en comentar