La historiadora Alina Bárbara López Hernández y el joven Leonardo Romero Negrín quedaron bajo cargos de desacato después de ser detenidos cuando iban rumbo al Parque de la Libertad, en Matanzas, para sumar su voz a la Protesta del 18. El arresto, ejecutado antes de que llegaran al lugar, terminó en una instrucción penal que vuelve a colocar en primer plano el castigo del régimen a cualquier gesto cívico que se salga del guion oficial.
Según relató López Hernández, ambos fueron interceptados lejos del parque, llevados a la estación policial de Playa e interrogados por la Seguridad del Estado. Allí permanecieron 12 horas y, de acuerdo con su testimonio, la acusación de desacato nació de los gritos que intercambiaron desde distintos espacios dentro de la estación, cuando llevaban horas sin saber uno del otro. La propia intelectual matancera dijo que el arresto se presentó como un “acta de advertencia” por sus publicaciones en redes, una fórmula que confirma el uso del aparato policial como cerco político y no como garantía de orden.
La Protesta del 18, que se replica en parques y plazas del país, ha servido para denunciar la represión, los procesos judiciales injustos, la falta de debido proceso, el encierro de presos políticos, la crisis económica y la carencia de medicamentos. Ese es precisamente el punto que el régimen quiere sofocar: una expresión cívica mensual, pacífica y directa que desnuda la indefensión ciudadana y exhibe la distancia entre el discurso oficial y la realidad del país.
La académica no pudo entregar en Matanzas la petición de amnistía para los presos políticos que había sido presentada a inicios de febrero en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aun así, otras figuras lograron completar acciones similares en La Habana, donde Jenny Pantoja dejó la solicitud en la Asamblea Municipal de Diez de Octubre y después acudió a la Fragua Martiana para respaldar las demandas por la libertad de Cuba y el fin de la represión. También el doctor Andrés Dovale Borjas realizó una manifestación ante el busto de José Martí en Marianao.
El caso de López Hernández y Romero Negrín sigue abierto y apunta a penas de cárcel que la fiscalía pide con dureza: cuatro años para ella por desobediencia y desacato, y tres años para Pantoja por atentado en un expediente relacionado con los hechos del 18 de abril de 2024, cuando intentaban salir de Matanzas hacia La Habana para una protesta pacífica. El juicio, fijado para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Municipal de Matanzas, fue suspendido a última hora sin nueva fecha.
La secuencia deja al desnudo un patrón conocido en Cuba: detención preventiva, interrogatorio político, acusación penal y suspensión de garantías básicas para frenar a ciudadanos que ejercen derechos elementales. En vez de responder con ley y transparencia, el régimen vuelve a apoyarse en la intimidación y en figuras penales usadas como castigo ejemplarizante contra voces críticas.
Alina Bárbara López Hernández y Leonardo Romero Negrín fueron instruidos de cargos por desacato tras ser detenidos cuando iban a la Protesta del 18 en Matanzas.[7][
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