Donald Trump dejó sin efecto el 20 de febrero el arancel adicional que había impuesto a los países que suministraran combustible a Cuba, pero mantuvo vigente la emergencia nacional declarada sobre la Isla. La decisión desarma el mecanismo comercial creado para presionar a terceros países, aunque conserva intacta la línea política de Washington contra el régimen.
La orden ejecutiva obliga a suspender el cobro de esos derechos adicionales y a iniciar de inmediato el trámite para retirarlos del sistema arancelario estadounidense. En la práctica, la Casa Blanca desmonta la pieza más visible de ese castigo, pero no toca el andamiaje legal de la emergencia vinculada a Cuba.
El giro llega después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinara que la ley usada por Trump no autorizaba al presidente a imponer aranceles. Con ese fallo, la corte dejó claro que la potestad tributaria corresponde al Congreso y cerró la puerta a ese uso de la IEEPA. Trump respondió con una nueva orden que no menciona la sentencia, pero admite que los derechos adicionales dejaban de estar en vigor.
La Casa Blanca ordenó a los jefes de departamentos y agencias tomar las medidas necesarias para detener la recaudación y ajustar el arancel estadounidense por la vía administrativa correspondiente. También aclaró que la medida no afecta otros aranceles ni otras órdenes firmadas el mismo 20 de febrero, y que la emergencia nacional relacionada con Cuba sigue activa.
Ese detalle marca el alcance real de la decisión. El arancel caído era un intento de castigar a países terceros por sostener el suministro de petróleo a la Isla. Su eliminación no resuelve la dependencia energética del régimen, pero sí confirma que la herramienta elegida por Trump chocó con límites legales que el Supremo no le permitió pasar por alto.
La orden del 29 de enero había presentado el esquema como una respuesta a las “amenazas” del Gobierno de Cuba y como una manera de frenar el envío de petróleo mediante sanciones comerciales. Ahora ese plan pierde su pieza central, mientras la emergencia nacional permanece como señal de que Washington sigue viendo al castrismo como un factor de riesgo y de presión regional.
Para los cubanos, la noticia no cambia la realidad de fondo. La escasez, los apagones y la precariedad siguen marcando la vida diaria, mientras el régimen depende de maniobras externas para sostenerse. Lo que queda claro es que la presión de Estados Unidos contra La Habana continúa, aunque el arancel diseñado por Trump haya quedado sin base legal.
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