La Seguridad del Estado llevó a Fernando Vázquez Guerra a la cárcel camagüeyana Cerámica Roja y lo dejó bajo prisión preventiva por un comentario en Facebook que el régimen encuadra como desacato. La medida lo expone ahora a una condena de entre uno y cuatro años de cárcel, según le comunicó a su esposa durante la visita reglamentaria.
Anisia Manreso, su esposa, relató que pudo verlo este martes y que él mismo le explicó la amenaza penal que pesa sobre su caso. “Mi esposo me dijo ahora en la visita que le pueden echar de uno a cuatro años, que es la sanción de desacato. Es una injusticia”, dijo. La familia entiende que la detención responde a un castigo político directo contra un activista que la policía política considera incómodo en Camagüey.
Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa provincia, fue arrestado el 13 de febrero después de que la Seguridad del Estado lo citara por teléfono a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Cuando llegó al lugar, lo apresaron y lo trasladaron a un centro de investigación penal. La maniobra encaja en el patrón de cerco y captura que el aparato represivo usa para sacar de la calle a opositores sin dejar margen de reacción.
En la detención, la policía política le incautó dos teléfonos celulares, una bicicleta y una cantidad de dinero que no fue precisada. Su esposa aseguró que él le pidió reclamar esos bienes porque fueron obtenidos con su trabajo y no tienen origen ilícito. La retención de pertenencias personales vuelve a mostrar el nivel de presión con que opera el régimen cuando decide criminalizar a un disidente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa cómo el castrismo usa figuras penales como desacato para castigar críticas en redes sociales, incluso cuando van dirigidas a funcionarios públicos. En la práctica, el delito se convierte en un mecanismo para amordazar la expresión política y blindar a la cúpula y a sus representantes de cualquier respuesta ciudadana, por mínima que sea.
Según el propio borrador, las sanciones por comentarios en Facebook contra funcionarios, incluido Miguel Díaz-Canel, suelen venir acompañadas de otros cargos como instigación a delinquir, propaganda contra el orden institucional, atentado, resistencia y calumnia. La señal es clara: el régimen sigue tratando la palabra como amenaza y la opinión como falta penal, una política que alimenta el miedo y castiga la disidencia con cárcel.
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