Juan Carlos Chillón Paizán fue arrestado en su casa, en Lawton, y llevado a Villa Marista después de participar en una protesta vecinal contra los apagones. Su madre, María Cristina Paizán, dijo que el operativo incluyó cuatro patrullas policiales y que la detención se produjo poco después de que regresara la electricidad en la zona.
Desde entonces, la familia vive entre la incertidumbre y la indefensión. La madre aseguró que el joven está bajo investigación por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, una figura que el régimen reserva para castigar con dureza a quienes convierten el reclamo ciudadano en denuncia pública contra el poder.
Paizán contó que un instructor policial le habló en Villa Marista de una supuesta manifestación liderada por su hijo y de una violación de preceptos constitucionales. También explicó que el detonante fue una frase pronunciada por Chillón Paizán durante la protesta: “Yo estoy acusando al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de violar lo que dice la Constitución”.
La madre recordó además que el joven ya había llevado esa queja a la Fiscalía Provincial de La Habana en una citación previa, donde entregó un documento para dejar por escrito que muchos derechos aparecen en la ley pero no se cumplen en la práctica. Esa es la raíz del choque con el aparato represivo: un ciudadano señalando al presidente y a la estructura estatal por incumplir su propia Constitución.
El castigo alcanzó también a la familia. Paizán denunció que en Villa Marista le negaron la entrega de medicamentos esenciales para su hijo, enfermo de epilepsia, porque le exigieron un certificado médico que justificara el uso de carbamazepina. Añadió que todavía no ha podido verlo desde el arresto.
La situación económica de la familia empeora el cuadro, porque no tiene recursos para contratar una defensa legal que les permita conocer con precisión el estado jurídico del detenido. Mientras tanto, la única información oficial que han recibido es que el próximo lunes podría autorizarse la primera visita.
El caso vuelve a mostrar cómo responde el régimen cuando la protesta nace en un barrio golpeado por la falta de electricidad: despliegue policial, traslado a Seguridad del Estado, amenaza de penas graves y aislamiento del detenido. En vez de enfrentar el reclamo de fondo, el poder lo convierte en expediente penal y deja a una familia entera atrapada entre la represión y el silencio oficial.
En redes sociales, varios usuarios expresaron solidaridad con Chillón Paizán, reclamaron fe de vida y responsabilizaron a las máximas autoridades del país por su integridad física. La indignación creció porque el arresto ocurrió tras una protesta por los apagones en Diez de Octubre, justo en un contexto donde el malestar popular sigue chocando contra la respuesta dura del aparato estatal.
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