Estados Unidos no dio por buena la versión del régimen cubano sobre el tiroteo en el mar que dejó cuatro muertos y al menos seis detenidos en una lancha supuestamente registrada en Florida. Marco Rubio dijo en San Cristóbal y Nieves que Washington verificará por su cuenta lo ocurrido y que no tomará como base lo que anuncie La Habana.
La reacción del secretario de Estado dejó al descubierto la desconfianza que provoca el aparato castrista cuando intenta fijar un relato cerrado desde el primer momento. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano habló de un enfrentamiento con una embarcación vinculada a Florida y después Granma publicó nombres de seis ocupantes a los que presentó como “terroristas” enviados contra el régimen. La Casa Blanca, en cambio, no confirmó esa versión y Rubio insistió en que no aceptará las afirmaciones de las autoridades cubanas sin una verificación independiente.
El caso importa porque La Habana trató de resolverlo a fuerza de propaganda antes de que hubiera una comprobación externa. Mientras la parte cubana ya hablaba de agresores, heridos y muertos, Washington pidió hechos, acceso a los involucrados y una investigación separada. Esa diferencia vuelve a retratar la lógica de la dictadura: primero impone su narrativa, después la empuja como verdad oficial y deja la transparencia en manos del aparato político.
Rubio recordó además que en el pasado se ha detenido a personas que han cruzado entre Cuba y Estados Unidos para trasladar gente, una práctica ilegal bajo la ley federal. Aun así, evitó adelantar conclusiones sobre este episodio. Su cautela contrasta con la seguridad con que La Habana ya había etiquetado a los detenidos y cerrado el asunto con el mismo libreto de siempre: terrorismo, agresión y propaganda política.
Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una costumbre vieja del régimen cubano: usar cada incidente sensible para reforzar control narrativo, blindado por la prensa oficial y por la maquinaria política que decide qué versión merece ser creída. Cuando el poder domina medios, tribunales y discurso público, la verdad queda subordinada a la conveniencia del aparato. Por eso Washington se aparta del guion de La Habana y exige verificar antes de aceptar una historia escrita por el mismo régimen que ha convertido la criminalización del disenso en política de Estado.
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