La Fiscalía General de la República de Cuba movió finalmente ficha contra Alejandro Gil y lo sentó en el centro de un expediente que mezcla espionaje, corrupción y abuso de poder. El exministro de Economía y Planificación, también ex vice primer ministro, fue acusado de una larga lista de delitos que incluye malversación, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias y sustracción o daño de documentos bajo custodia oficial.
El caso se abrió en marzo del año pasado, después de su destitución en medio de la crisis provocada por el anuncio del aumento del precio del combustible. La salida de Gil llegó apenas un mes después de haber sido apartado por supuestos “graves errores” en el desempeño de sus funciones, en una operación política que exhibió otra vez la manera opaca en que el régimen administra sus caídas internas: primero retira del cargo, luego aísla, y solo después construye el relato penal.
La secuencia tampoco fue casual. Dos días antes de su salida, las autoridades habían aplazado el incremento de más de 500 por ciento en el precio del combustible, atribuyéndolo a un “incidente de ciberseguridad”. El derrumbe de esa medida, en pleno deterioro económico, dejó al descubierto la fragilidad de la gestión oficial y el peso de las decisiones tomadas desde la improvisación y el control político, no desde la transparencia.
La imputación contra Gil abre ahora un capítulo que trasciende el nombre del exfuncionario. El régimen pone bajo sospecha a uno de los hombres que ocupó una de las carteras más sensibles del país y lo presenta ante la opinión pública con acusaciones gravísimas, en un expediente que combina la narrativa penal con la vieja lógica castrista de resolver sus crisis internas a golpe de purga, castigo y opacidad.
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