El régimen cubano dijo haber identificado a siete de los diez hombres que, según su versión, iban a bordo de una lancha registrada en Florida y enfrentada en un tiroteo mortal cerca de la costa norte de Cuba. La lista, difundida por la prensa oficial, incluye a dos personas que ya habían sido señaladas antes como “terroristas” por La Habana, mientras la familia de uno de los muertos lo presenta como un exiliado anticomunista convencido.
La información salió primero por vía del Ministerio del Interior y luego fue repetida por Granma, en una operación comunicacional que el castrismo acostumbra a usar cuando necesita fijar el relato antes de que aparezcan verificaciones externas. La versión oficial asegura que la embarcación abrió fuego contra una unidad de Tropas Guardafronteras cuando intentó identificarla, dejó cuatro ocupantes muertos y seis heridos, y llevaba fusiles, armas cortas, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas, telescopios y uniformes de camuflaje.
Los nombres divulgados por la prensa oficial son Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra, además de Michel Ortega Casanova, identificado como uno de los fallecidos. La propia versión de La Habana admitió que todavía no había podido precisar con certeza la identidad de otros tres ocupantes y que seguía revisando ese punto.
Ese detalle importa porque deja al descubierto el terreno en que se mueve el régimen: acusa con rapidez, sentencia con lenguaje de propaganda y después pretende que el país y el exterior acepten su narrativa como si fuera expediente cerrado. En este caso, sin embargo, la historia se le complica. Azcorra Consuegra habló desde su casa en Estados Unidos, expresó sorpresa al verse en la relación oficial y negó haber sabido de algún plan de infiltración armada. A la vez, recordó que llevaba años enfrentado al castrismo.
También pesa el antecedente de Sánchez González y Cruz Gómez, cuyos nombres ya habían aparecido en una lista oficial de supuestos “terroristas” publicada en 2023. Esa relación fue desestimada entonces por muchos como una herramienta de persecución más que como una prueba seria. El régimen la resucita ahora en medio de un caso con muertos, heridos y una fuerte carga política, justo donde más le conviene a su maquinaria de control.
La muerte de Michel Ortega Casanova empujó el caso a otra dimensión. Amigos y familiares lo describieron como un cubano de Tampa, miembro del Partido Republicano Cubano y empeñado en acabar con el comunismo en la Isla. Su hermano dijo que llevaba más de veinte años viviendo en Estados Unidos y trabajaba como camionero. Casa Cuba de Tampa lo homenajeó como un patriota comprometido con la libertad de Cuba. Esa imagen choca con la etiqueta oficial de “terrorista” que La Habana intenta imponer sin matices, sin garantías y sin espacio para la contradicción.
Washington, por ahora, no ha avalado ninguna de las acusaciones del régimen. El secretario de Estado Marco Rubio pidió verificar la información de forma independiente y dejó claro que Estados Unidos no toma decisiones basándose en la palabra de las autoridades cubanas. Esa reserva es lógica: la credibilidad de un aparato acostumbrado a mentir, controlar y castigar políticamente vale muy poco fuera de la isla, aunque dentro siga funcionando como tribunal, fiscal y vocero al mismo tiempo.
El episodio vuelve a mostrar a qué se dedica el poder en Cuba cuando enfrenta hechos de alto voltaje político: primero construye su versión, luego la convierte en línea oficial y finalmente trata de envolverla en el lenguaje de la seguridad nacional. Detrás de la retórica sobre terrorismo y confrontación hay un régimen que vive de clasificar, vigilar y manipular, siempre con la misma lógica de control. Y cuando la verdad incomoda, la maquinaria estatal responde con propaganda.
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