La exiliada cubana Maritza Lugo Fernández rechazó las acusaciones del régimen que la señalan como autora intelectual y financista de la supuesta incursión armada por mar denunciada por La Habana, tras el operativo en el que murieron cuatro cubanos. Desde Miami, la presidenta del movimiento opositor 30 de Noviembre calificó la versión oficial de montaje y dijo que la respuesta del Estado fue una masacre.
La imputación salió al aire en un programa especial de la Televisión Cubana, donde funcionarios del Ministerio del Interior la presentaron como la cabecilla principal de la acción y le atribuyeron apoyo económico y logístico. El régimen intentó así construir una narrativa de culpabilidad sobre una figura opositora radicada fuera de Cuba, en un caso que todavía deja más preguntas que respuestas para las familias de los involucrados.
Lugo negó de forma tajante haber organizado, financiado o entrenado a los hombres que viajaban en la embarcación. Dijo que lleva más de cuatro décadas bajo ataques del castrismo y que esas acusaciones forman parte de una campaña vieja para criminalizar a la oposición. “Hace más de 40 años ese régimen me acusa de terrorista y de todo lo que se le ocurre”, declaró.
La dirigente también rechazó la versión de que los tripulantes recibieron preparación en su finca, como aseguró la televisión estatal. “Eso es insólito. Lo único que yo puedo enseñar es a orar”, afirmó. Añadió que no tiene dinero ni recursos para sostener una operación de ese tipo, una frase que deja al desnudo la distancia entre la propaganda oficial y la realidad material de una exiliada política perseguida durante años por el aparato represivo.
En su lectura de los hechos, la narrativa del régimen no aclara lo ocurrido en el mar. Lugo sostuvo que la información que ha circulado y los testimonios conocidos apuntan a que las autoridades cubanas esperaban la lancha. Por eso calificó el hecho como “un crimen atroz” y advirtió que el castrismo sigue usando la maquinaria estatal para cerrar filas, ocultar responsabilidades y castigar políticamente a quienes desafían su relato.
La preocupación de fondo también alcanza a los familiares de los tripulantes. Lugo denunció que no hay información suficiente sobre heridos y sobrevivientes, y que ni siquiera se ha permitido a las familias saber dónde están sus seres queridos. Ese vacío oficial, en un caso de muertes bajo control estatal, refuerza la opacidad habitual del régimen cuando el hecho amenaza su versión pública.
Tras lo ocurrido, Lugo respaldó la idea de una investigación independiente y pidió una respuesta diplomática urgente del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. “Les pido que se haga algo rápidamente para salvar la vida de esos patriotas, si todavía están vivos”, dijo. Su reclamo no solo apunta al episodio de la lancha: retrata también la forma en que La Habana convierte cualquier incidente en arma política contra el exilio y contra sus propios adversarios.
La dirigente atribuyó las acusaciones a su larga trayectoria de confrontación con el régimen, a años de prisión por activismo y a la persecución contra su organización. En esa historia vuelve a aparecer el mismo patrón de siempre: el castrismo no debate, acusa; no aclara, monta expedientes; no responde por sus actos, busca culpables afuera.
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