Roilán Álvarez Rensoler, preso político y miembro de la UNPACU, fue hospitalizado después de pasar más de 30 días en huelga de hambre, según informó su abogado a la familia este martes. Su traslado agravó la alarma de sus parientes, que llevan días sin verlo y siguen sin saber en qué centro médico está recluido.
La familia no se quedó esperando respuestas. Arianna Álvarez y otros allegados fueron hasta la unidad policial de Pedernales, en Holguín, para exigir información sobre su estado real y la ubicación exacta del hospital. Desde hace ocho días no tienen acceso directo al joven, y la única certeza que han recibido es el silencio del aparato policial que lo custodia.
Álvarez Rensoler, natural de Mella, en Santiago de Cuba, fue detenido el 30 de enero junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez. Las autoridades los responsabilizan por acciones de protesta en Holguín, entre ellas pintadas con consignas antigubernamentales en Marcané, Cueto y Alto Cedro, además del daño a una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.
El caso desnuda otra vez el patrón del régimen: arresto, aislamiento, castigo y opacidad. Cuando un preso político entra en huelga de hambre para exigir libertad inmediata y la respuesta oficial es ocultar dónde está, la violación no se limita al encierro. También alcanza a la familia, a la defensa y al derecho elemental a conocer su estado de salud.
La situación se agravó cuando oficiales del centro, según denunció la familia, intentaron convencer a las hermanas de Roilán de que abandonara la protesta ofreciéndole comida. En paralelo, los allegados han tenido que pelear hasta por algo tan básico como verlo y comprobar que sigue con vida.
El viernes anterior, Arianna y otros familiares fueron detenidos cuando protestaban en Holguín para pedir la libertad del joven. Durante esa manifestación, un oficial de la Seguridad del Estado les arrebató una sábana con la frase “Libertad para Roilán” escrita con carbón. Después, cuando regresaban a Santiago de Cuba, fueron interceptados en el punto de control de Caballería y permanecieron arrestados por varias horas antes de ser liberados.
La represión contra la familia confirma que el régimen castiga también a quienes levantan la voz por un preso político. En Cuba, pedir información, exigir atención médica o reclamar libertad termina convertido en motivo de arresto, vigilancia y amenaza. Así funciona un sistema que trata la protesta como delito y la desesperación familiar como provocación.
En los últimos meses, los grafitis y carteles con mensajes de “Libertad” y “Abajo la dictadura” se han multiplicado en las calles, junto con críticas directas a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Ese descontento no aparece por capricho: sale de la represión diaria, de la falta de respuestas y de un país donde el poder responde con cárcel incluso a las consignas pintadas en una pared.
Reportes de grupos de la sociedad civil y de la prensa independiente han advertido además que los casos por carteles y letreros antigubernamentales se han vuelto frecuentes, con condenas que pueden llegar a entre cinco y diez años bajo el nuevo Código Penal. El mensaje del régimen es claro: cualquier gesto de protesta puede costar años de prisión.
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