El régimen de Miguel Díaz-Canel autorizó por primera vez en seis décadas la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado cubano. La decisión, oficializada mediante el Decreto-Ley 114 y publicada en la Gaceta Oficial, llega como una admisión forzada del colapso del modelo económico centralizado que La Habana sostuvo durante años como dogma.
La norma abre la puerta a sociedades de responsabilidad limitada mixtas, integradas por empresas estatales y actores privados cubanos. Esas entidades podrán fijar salarios, contratar personal, definir precios y hacer importaciones y exportaciones de forma directa. Para una economía marcada por la asfixia burocrática, el cambio es grande; para el poder político, sigue siendo un movimiento vigilado de arriba abajo.
El nuevo marco permite además que esas compañías se dediquen a cualquier actividad económica lícita, salvo en sectores que el régimen mantiene bajo candado, como la salud, la educación y las áreas ligadas a las instituciones armadas. La apertura existe, pero nace limitada. El Estado afloja una parte del control sin soltar el mando sobre los espacios que considera estratégicos.
La medida llega en medio de una crisis económica profunda, con escasez de combustible, apagones frecuentes, inflación y desabastecimiento. Esa combinación golpea a la población todos los días y deja al desnudo la incapacidad del aparato estatal para sostener por sí solo la producción y el consumo en la isla.
Durante décadas, la legislación cubana ni siquiera contempló que una empresa estatal y una privada nacional compartieran una misma sociedad. La autorización de las pequeñas y medianas empresas privadas en 2021 fue otro ajuste arrancado por la necesidad, y ahora el régimen vuelve a mover ficha por la misma razón: la realidad económica terminó imponiéndose sobre la propaganda socialista.
El sector privado ya había ido ganando espacio pese a las trabas oficiales. Para 2025, unas 9.900 empresas privadas representaban alrededor del 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa, mientras el comercio minorista privado superaba por primera vez al estatal. Esos datos reflejan el deterioro de las empresas públicas cubanas y la dependencia del país de la iniciativa que el poder tolera a regañadientes.
La nueva fórmula tampoco concede libertad plena. La creación de estas sociedades deberá pasar por el Ministerio de Economía y Planificación, y el Estado podrá entrar como socio, comprar participaciones o absorber empresas dentro de su estructura. La apertura, en consecuencia, queda sometida al mismo control político que ha deformado la economía cubana durante más de 60 años.
El castrismo intenta ahora rescatar su modelo con mecanismos de mercado después de perseguir durante años cualquier espacio de iniciativa privada. Lo que presenta como reforma es, en realidad, una concesión tardía dictada por la necesidad de sobrevivir. La economía de la isla obliga al régimen a corregir a medias un esquema que prometió igualdad y entregó escasez, atraso y dependencia.
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