Un juez federal del distrito medio de Luisiana ordenó la liberación de cuatro delincuentes extranjeros que permanecían bajo custodia de ICE tras haber sido condenados por homicidio, abuso sexual contra menores y otros delitos violentos. La decisión del magistrado John deGravelles, nombrado por Barack Obama, desató una nueva polémica sobre la indulgencia judicial frente a quienes ya habían recibido órdenes de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional acusó al juez de sacar de custodia a “cuatro criminales violentos” y advirtió que esa clase de decisiones deja otra vez expuestas a las comunidades estadounidenses. Tricia McLaughlin, vocera del organismo, afirmó que liberar a esos hombres es una medida “inexcusablemente imprudente” y sostuvo que la administración de Donald Trump y la secretaria Kristi Noem están aplicando la ley con más rigor para expulsar a extranjeros que, según el Gobierno, no tienen derecho a permanecer en el país.
Entre los liberados figura Ibrahim Ali Mohammed, de Etiopía, condenado por explotación sexual de una menor y sujeto a una orden de deportación desde 2024. El propio DHS recordó que ya había sido liberado antes por la administración Biden. También salió de custodia Luis Gaston-Sanchez, de Cuba, sentenciado por homicidio, agresión, resistencia a un agente, ocultación de propiedad robada y dos cargos de robo; sobre él pesaba una orden de expulsión desde 2001.
La lista incluye además a Ricardo Blanco Chomat, otro cubano condenado por homicidio, secuestro, agresión agravada con arma de fuego, allanamiento, hurto y venta de cocaína, con una orden de deportación emitida en 2002. El cuarto caso es Francisco Rodriguez-Romero, también de Cuba, condenado por homicidio y un delito con armas, y sujeto a orden de expulsión desde 1995. Los expedientes muestran un patrón claro: personas con antecedentes graves, órdenes migratorias pendientes desde hace años y una respuesta judicial que terminó favoreciéndolas.
La decisión ocurre en medio de la expansión de la capacidad de detención de ICE en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como Angola Prison, una instalación que el DHS reforzó junto al estado de Luisiana el pasado septiembre. El contraste es evidente: mientras el aparato migratorio endurece su política, un juez federal abrió la puerta para que cuatro criminales violentos quedaran otra vez fuera de custodia. En el centro del debate queda la vieja fractura entre la aplicación estricta de la ley y una judicatura que, con frecuencia, termina favoreciendo a quienes ya demostraron desprecio por la seguridad pública.
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