Darwin Daniel Sotolongo Cedres, un bebé cubano de 10 meses, murió en Camagüey después de pasar meses ingresado en estado crítico sin que el sistema de salud lograra operarlo. El caso deja al descubierto otra vez la impotencia de las familias frente a un aparato sanitario que promete cobertura universal, pero deja sin respuesta a un niño cuando más la necesita.
La madre, Elizabeth Cedres Torres, había denunciado durante semanas que su hijo permanecía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico de Camagüey, dependiente de soporte vital para respirar. El menor padecía estenosis traqueal grado 4, una malformación congénita severa que estrecha de forma crítica la tráquea y compromete la respiración.
Según su testimonio, médicos y autoridades sanitarias le informaron que la operación indispensable no podía hacerse en Cuba por falta de recursos y especialistas. Ante esa respuesta, la familia pidió ayuda para sacarlo al extranjero y lograr una intervención que el país no estaba en condiciones de garantizar.
La tragedia terminó como terminan demasiados casos en la isla: con una vida perdida mientras la madre pedía auxilio y las instituciones se movían entre la escasez, la improvisación y la parálisis. El niño murió sin que pudiera concretarse la cirugía, pese a que su situación fue advertida públicamente durante meses.
El periodista José Luis Tan Estrada confirmó el fallecimiento y recordó que el pequeño no resistió ni el abandono ni la mala gestión del sistema de salud cubano. Su denuncia refleja algo que en Cuba se repite con crudeza: cuando el régimen presume logros sociales, las familias cargan solas con el costo humano de un modelo que ya no sostiene ni lo más básico.
El caso de Darwin Daniel no queda en una anécdota dolorosa. Expone la fragilidad de un sistema hospitalario que no responde a tiempo, la falta de especialistas para procedimientos complejos y la dependencia de los cubanos de ayudas externas o soluciones imposibles para salvar a un hijo. También deja una responsabilidad política evidente: un Estado que monopoliza la salud pero no asegura recursos, ni capacidad técnica, ni salida para una emergencia pediátrica termina fallando donde más duele.
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