El régimen cubano anunció que liberará a 51 presos “en los próximos días” después de conversaciones con el Vaticano, una maniobra presentada como gesto de buena voluntad pero que vuelve a dejar al descubierto el uso político de las cárceles en la isla. La Cancillería comunicó la decisión en la noche del jueves y la envolvió en el lenguaje habitual de soberanía y control.
La medida llega en medio de la presión internacional sobre La Habana y tras la mediación activa de la Santa Sede. El régimen intenta venderla como una concesión propia, aunque el anuncio confirma algo más incómodo: las libertades en Cuba siguen dependiendo de negociaciones, favores diplomáticos y cálculos de conveniencia, no de derechos reconocidos a los ciudadanos.
El comunicado oficial no ofreció nombres ni precisó los delitos de los beneficiados. Solo aseguró que cumplieron “una parte significativa de la pena” y mantuvieron “buena conducta” en prisión. Esa opacidad deja fuera a las familias, borra el rostro de los presos y refuerza el patrón de un sistema carcelario donde el castigo y la información pública quedan en manos exclusivas del aparato estatal.
Las autoridades también hablaron de una “decisión soberana” y recordaron que en casi tres décadas se han otorgado indultos a 9.905 reclusos. El dato, presentado como rutina institucional, funciona en realidad como prueba del control discrecional que ejerce el régimen sobre la libertad de las personas. En Cuba, la prisión no solo encierra: también se administra como herramienta política.
La advertencia más seria llegó desde Prisoners Defenders, que cerró febrero con 1.214 presos políticos documentados en la isla, la cifra más alta desde que la organización comenzó a registrar estos casos. En ese mismo período identificó 28 nuevos ingresos a la lista y apenas 21 salidas, la mayoría por cumplimiento de condena asociada a las protestas del 11 de julio de 2021.
Entre los nombres que dejaron de figurar aparece el de Luis Miguel Oña Jiménez, manifestante del 11J muerto bajo custodia estatal tras años de torturas y abandono médico. Su caso resume el costo humano de la represión: cárcel, maltrato, deterioro físico y una respuesta oficial que llega tarde o no llega nunca.
El informe de la ONG describe además una persecución dirigida contra ciudadanos sin militancia política que expresaron críticas por medio de carteles, grafitis o publicaciones en redes sociales. Según ese reporte, la figura de “propaganda contra el orden constitucional” se ha convertido en la llave legal para imponer largas condenas, mientras los arrestos se realizan sin orden judicial ni garantías, con allanamientos y citaciones policiales usadas como trampas.
También sigue sobre la mesa el caso de 10 ciudadanos panameños encarcelados en Cuba después de llevar ayuda humanitaria y colaborar en la elaboración de carteles con mensajes de libertad. El episodio confirma hasta qué punto el régimen castiga cualquier expresión que escape de su control y convierte la disidencia, la ayuda o la simple crítica en materia penal.
La liberación anunciada puede aliviar a unas cuantas familias, pero no cambia el fondo: Cuba sigue gobernada por un sistema que reparte indultos cuando le conviene, encarcela por pensar distinto y usa la prisión como uno de sus instrumentos más persistentes de control político.
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