El propio ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, terminó admitiendo lo que miles de familias cubanas ya viven a diario: el Estado no tiene sillas de ruedas suficientes para atender a adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad. La confesión llegó en una reunión de la Comisión Gubernamental de Dinámica Demográfica, encabezada por Manuel Marrero Cruz en el Palacio de la Revolución, y dejó al desnudo otra falla básica del aparato estatal.
La cifra es tan dura como el problema: en 2025 se entregaron 3.115 sillas de ruedas en todo el país y para 2026 el régimen solo prevé 2.000 unidades. El ministro habló de reparar equipos viejos y de levantar inventarios para estirar lo poco que queda, una salida improvisada que confirma la magnitud del abandono. Cuando un país envejece y el Estado responde con remiendos, la crisis deja de ser técnica y se vuelve moral y política.
La escasez golpea justo en el peor momento. Cuba es el país más envejecido de América Latina y al cierre de 2024 el 25,7% de la población tenía 60 años o más, según la ONEI. Villa Clara y La Habana aparecen entre las provincias más envejecidas, con 29,1% y 28,1% respectivamente. En una nación donde cada vez hay más viejos, más enfermos y más discapacitados, el desabastecimiento de ayudas técnicas expone la incapacidad del régimen para sostener ni siquiera lo elemental.
El derrumbe también se ve en la red de asistencia social. El Sistema de Atención a la Familia pasó de atender a 59.000 personas en 2023 a 67.000 a mediados de 2025, con entre 7 y 8 solicitudes nuevas diarias en algunos municipios. La demanda sube, pero los recursos caen. La propia administración reconoció este mes que la atención a las personas vulnerables sigue siendo una tarea incompleta, una frase que en boca de los burócratas equivale a admitir que el Estado no da abasto.
Ante esa realidad, el hueco lo están llenando iglesias y organizaciones de ayuda. Hope Haven International Ministries, el Consejo de Iglesias y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores donaron unas 200 sillas de ruedas en Granma en febrero para cubrir la carencia del sistema público. En Cuba, conseguir una silla por la vía estatal puede demorar meses o años. Esa espera, para muchos ancianos y discapacitados, significa inmovilidad, dependencia y más miseria doméstica.
Mientras tanto, el régimen anuncia más de 2.173 millones de pesos para 2026 en el programa de dinámica demográfica, con destino a hogares de ancianos, casas de abuelos y círculos infantiles. También autorizó al sector privado a abrir residencias para ancianos y discapacitados. Son medidas parciales frente a un problema mucho más grande, porque el fondo no cambia: el Estado sigue sin capacidad real para garantizar lo básico y traslada la carga sobre familias agotadas, instituciones religiosas y una sociedad que lleva años compensando el fracaso oficial.
La escena resume bien la Cuba de hoy: un país más viejo, más pobre y más desprotegido, con un gobierno que reconoce la carencia pero no resuelve la raíz del desastre. Cuando faltan sillas de ruedas, bastones, andadores y muletas, lo que falla no es un inventario aislado. Falla un modelo que ha convertido la vejez en otra forma de abandono.
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