El preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés denunció desde la Prisión Provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, una cadena de abusos que incluye desnutrición, falta de atención médica, hostigamiento diario y complicidad de las autoridades penitenciarias. Su testimonio vuelve a poner bajo la lupa una cárcel del régimen donde el castigo, la negligencia y la represión conviven sin disimulo.
Abrahantes Valdés, recluido en el destacamento uno del penal, explicó que para la mayoría de los internos resulta casi imposible recibir ayuda de la familia por la distancia y por la pobreza que arrastran sus parientes. En una prisión de máximo rigor, esa realidad agrava el abandono y deja al recluso atrapado en un sistema que ni alimenta ni protege, pero sí exige obediencia.
El denunciante afirmó que las autoridades llevan mucho tiempo incumpliendo las normas dietéticas establecidas para las personas privadas de libertad y que la comida ha empeorado con rapidez en los últimos meses. Según dijo, la alimentación que reciben no cubre ni el 30 % de las calorías necesarias y aporta menos del 10 % de las proteínas, minerales y vitaminas que necesita el ser humano. En ese marco, habló de una desnutrición provocada de manera consciente por el aparato carcelario y la calificó como un crimen cometido desde el poder.
La denuncia también alcanzó al personal de salud dentro de la prisión y a quienes la inspeccionan. Abrahantes Valdés los señaló como cómplices por encubrir la falta de medicamentos, insumos y asistencia médica real. El cuadro que describe desmonta cualquier propaganda oficial sobre garantías penitenciarias: en Kilo 8, la enfermedad avanza mientras los funcionarios protegen el abuso.
El preso político alertó además sobre una práctica que el régimen conoce y tolera: mezclar a los presos políticos con reclusos comunes para exponerlos a agresiones, fabricarles expedientes o justificar golpizas. Según su relato, los militares incumplen su deber de mantener el orden interno o dan instrucciones a los paramilitares para crearles problemas a quienes están presos por motivos políticos. Esa combinación de presión, amenaza y violencia convierte la cárcel en un instrumento de intimidación.
A ello sumó la tortura psicológica y verbal que, aseguró, se aplica a diario. Dijo que los obligan incluso a organizar sus pertenencias de una forma que les impide usarlas con normalidad y que los mantienen en esa incomodidad durante toda la jornada. También denunció que los paramilitares reciben permiso para ofender, provocar y luego simular atención con respuestas vacías, mientras persisten las amenazas y la coacción.
Antes de cerrar su testimonio, Abrahantes Valdés extendió la acusación al terreno político más amplio y responsabilizó tanto a gobiernos autoritarios como a democracias que, por inacción o conveniencia, han dejado intacto el terror del régimen de los Castro. Su denuncia deja claro que la represión no termina en la celda: se sostiene desde arriba, con complicidades internas y con silencios externos que prolongan el abuso.
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