La familia de Roilán Álvarez Rensoler denunció que sigue sin poder verlo en el hospital Lucía Íñiguez, en Holguín, mientras la Seguridad del Estado asegura que el preso político habría empezado a comer. La contradicción deja al descubierto el mismo patrón de siempre: el régimen controla el acceso, maneja la información a su conveniencia y convierte la salud de un detenido en otra zona de opacidad.
Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado el 30 de enero de 2026 junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez. A todos los acusaron de colocar carteles antigubernamentales en varias localidades de Holguín y de dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán. Después de la detención, el opositor fue llevado al centro policial de Pedernales, conocido como “Todo el mundo canta”, donde comenzó una huelga de hambre en protesta por lo que considera cargos injustos.
El ayuno ya supera las seis semanas y terminó por llevarlo al hospital, donde permanece en terapia intermedia bajo custodia policial. Su familia describe un cuadro crítico: debilidad extrema, dolores fuertes en el pecho y daños renales severos que le impiden orinar con normalidad. En otras palabras, el régimen no solo lo tiene preso; también lo mantiene en una situación en la que su estado real depende de lo que la Seguridad del Estado quiera contar.
Los allegados del opositor insisten en que no aceptan versiones de terceros. Quieren verlo, comprobar si sigue en huelga de hambre y saber si la vida de Álvarez Rensoler continúa en peligro. Esa exigencia elemental tropieza con la misma barrera que enfrentan tantas familias cubanas cuando un preso político enferma: vigilancia, restricciones y silencio oficial.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó sobre el caso y responsabilizó directamente a las autoridades por cualquier daño a la integridad física del detenido. La denuncia encaja con un sistema que castiga la disidencia, encierra a sus opositores y luego les niega hasta el derecho básico de que sus parientes conozcan la verdad sobre su estado de salud. En Holguín, el drama de este preso político vuelve a mostrar el costo humano de una represión que no afloja ni dentro de un hospital.
La familia permanece desde hace tres días frente a la sala donde está ingresado y no piensa retirar la denuncia hasta obtener acceso directo. Lo que reclama es mínimo: comprobar por sí misma si realmente abandonó la huelga de hambre o si sigue al borde de una complicación mayor bajo custodia del régimen.
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