El régimen cubano volvió a vender como novedad una fórmula que llega tarde y con demasiadas cuentas pendientes: permitir que cubanos residentes en el exterior inviertan en negocios propios dentro de la Isla. El anuncio lo hizo el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva en una entrevista con NBC, mientras Miguel Díaz-Canel hablaba de conversaciones con Estados Unidos y trataba de adornar una economía agotada con promesas de cambios.
La jugada tiene un problema de origen. Cuba ya dice estar abierta a la inversión extranjera desde hace años, y Pérez-Oliva no presentó un mecanismo claro para convertir ese mensaje en algo serio. Habló de relaciones comerciales fluidas con empresas norteamericanas y con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes, pero dejó sin respuesta la pregunta básica: cómo piensa el régimen atraer capital cuando no ofrece reglas estables ni seguridad real sobre la propiedad.
La apuesta llega, además, con el mismo libreto de siempre: culpar al bloqueo y al vecino del norte de un desastre que el castrismo ha fabricado con su propio modelo. Pérez-Oliva insistió en que la política de hostilidad de Estados Unidos frena el acceso a financiación, tecnología, mercados y petróleo. Pero el problema de fondo sigue siendo interno: una economía marcada por la planificación central, la desconfianza jurídica y un marco constitucional que no protege la iniciativa privada como la protege un país libre.
Ese es el punto que el régimen intenta esconder detrás del anuncio. Cuba no ha logrado convertir la inversión extranjera en una palanca real de desarrollo, y mucho menos ha construido un entorno atractivo para el capital del exilio. Los cubanos que salieron del país conocen de sobra la factura política de ese sistema y saben que los anuncios sin reforma institucional suelen terminar en más propaganda que resultados.
Pérez-Oliva habló también de transformaciones para crear un entorno dinámico para la actividad económica, pero volvió a esquivar lo esencial: sin un cambio político e institucional, sin prensa libre, sin liberación de presos políticos y sin separación de poderes, cualquier apertura económica queda atrapada en el control del aparato estatal. El régimen quiere dinero, pero conserva intacto el andamiaje que espanta a los inversionistas y castiga la libertad económica de los cubanos.
La Constitución de 2019 tampoco ayuda a vender confianza. Mientras el texto siga atado a un modelo que limita el enriquecimiento privado y somete la economía a la lógica del control político, la puerta que ahora se anuncia para el exilio seguirá siendo más un gesto de supervivencia que una señal de cambio real. El mensaje de fondo es claro: el régimen necesita capital, pero no está dispuesto a soltar el poder que hace imposible atraerlo con seriedad.
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