Un fallo masivo en el sistema eléctrico nacional dejó este miércoles sin servicio a dos tercios de Cuba y volvió a exponer el deterioro de una infraestructura que el régimen ya no logra sostener. La avería no quedó en un incidente técnico: paralizó buena parte del país y dejó a millones de cubanos frente a otra jornada marcada por la oscuridad, la incertidumbre y la improvisación.
El impacto cayó de inmediato sobre familias, trabajadores, hospitales, escuelas y comercios. En una isla castigada por la escasez y los cortes prolongados, un apagón de esta magnitud desordena la vida completa: se interrumpen servicios, se dañan alimentos, se agrava la inseguridad y se multiplica el desgaste de una población que ya vive al límite.
La dimensión del colapso revela la precariedad de un sistema eléctrico que el aparato estatal administra sin capacidad real de respuesta. El régimen sostiene un discurso de control, pero la red eléctrica desmiente esa propaganda con hechos: falta mantenimiento, abundan los remiendos y el país vuelve a caer en una oscuridad que ya es parte del abandono cotidiano.
Este nuevo fallo tiene una lectura política inevitable. Cuando dos tercios de la isla quedan sin electricidad, el costo lo asume el ciudadano común, no la estructura que dice gobernar. Cuba sigue pagando con su vida diaria la ruina de un modelo que ha convertido un servicio básico en un símbolo del fracaso estatal.
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