Cuba volverá a entrar en la noche bajo un apagón masivo. La Unión Eléctrica informó que el 55 % del país sufrirá cortes simultáneos durante el horario de mayor consumo, una cifra que retrata el derrumbe de un sistema eléctrico manejado durante décadas como monopolio absoluto del Estado y hoy incapaz de sostener la vida cotidiana de la nación.
Para la tarde-noche de este sábado, la empresa estatal calculó una capacidad máxima de generación de apenas 1.602 megavatios frente a una demanda estimada de 3.400 megavatios. La diferencia entre lo que el sistema puede producir y lo que el país necesita llegará a 1.798 megavatios, mientras la afectación real prevista será de 1.868 megavatios. En lenguaje llano: millones de cubanos quedarán desconectados para impedir un colapso desordenado de la red.
El parte oficial confirma un panorama que ya no puede maquillarse con consignas. Nueve de las 20 unidades de producción termoeléctrica, repartidas en siete centrales, están fuera de servicio por averías o mantenimiento. A eso se suman 28 motores de generación eléctrica paralizados por falta de diésel o fueloil. El régimen administra una infraestructura envejecida, castigada por más de 40 años de explotación en muchas de sus centrales y por un déficit crónico de inversión y mantenimiento.
La crisis eléctrica dejó de ser una emergencia puntual para convertirse en una forma de vida impuesta. En cerca de un año, el país ha sufrido cinco apagones nacionales que afectaron el servicio eléctrico. En paralelo, los cortes frecuentes y prolongados superan las 20 horas diarias en distintas zonas del país. La normalización del apagón ha terminado paralizando una vida económica y social ya golpeada por la escasez, la inflación, el deterioro de los servicios y la falta de perspectivas.
El propio régimen reconoce que no tiene divisas suficientes para cubrir sus necesidades. Esa admisión desmonta buena parte del discurso oficial que busca presentar la debacle energética como un daño externo. La falta de combustible, las averías continuas y la incapacidad para financiar el sistema describen una quiebra estructural del modelo estatal, cerrado a la competencia, dependiente de decisiones políticas y ajeno a cualquier rendición de cuentas real ante los ciudadanos.
La Habana insiste en atribuir el golpe principal a las sanciones estadounidenses y habla de “asfixia energética”. Sin embargo, expertos independientes citados en el panorama disponible señalan una causa de fondo que el aparato oficial evita asumir: la infrafinanciación crónica de un sector completamente en manos del Estado cubano desde 1959. El sistema eléctrico no cayó de un día para otro. Fue envejeciendo bajo control político, sin inversiones suficientes, sin mantenimiento sostenido y sin transparencia.
El costo de rescatar esa maquinaria rota rebasa por mucho las posibilidades actuales del régimen. Diversos cálculos independientes ubican entre 8.000 y 10.000 millones de dólares la cantidad necesaria para reflotar el sistema eléctrico. La Habana no dispone de ese dinero. Esa brecha explica por qué los partes de la Unión Eléctrica se han convertido en una rutina de pérdidas, déficits y afectaciones, mientras la población ajusta su vida al calendario incierto de los apagones.
El daño económico es directo. Los cortes de corriente frenan la producción, golpean los servicios, dificultan el trabajo privado y estatal, deterioran alimentos, encarecen cualquier actividad y reducen aún más la capacidad de recuperación del país. La economía cubana se contrajo un 1,1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco ejercicios, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que el producto interno bruto cubano sea negativo este año.
Detrás de cada megavatio que falta hay una consecuencia concreta: familias sin refrigeración, negocios parados, transporte afectado, hospitales y servicios bajo presión, barrios enteros a oscuras y ciudadanos obligados a reorganizar su día alrededor de un déficit que ya parece permanente. El apagón en Cuba opera como castigo social, aunque el régimen lo presente como una contingencia técnica. El país paga en oscuridad la ruina acumulada por un modelo que concentra el poder y reparte la escasez.
La dimensión política tampoco puede separarse del colapso energético. Los apagones han alimentado el descontento social y han estado vinculados a las principales protestas registradas en Cuba en los últimos años, incluidas las de julio de 2021. La electricidad se ha convertido en una frontera sensible entre la obediencia forzada y la irritación pública. Cuando se apagan los barrios, queda al descubierto el fracaso de un régimen que exige disciplina mientras ni siquiera puede garantizar corriente.
El 55 % de afectación simultánea anunciado para este sábado resume el presente cubano con brutal claridad. El régimen controla el sistema, controla la información, controla las empresas y controla las decisiones, pero no logra sostener la generación eléctrica que necesita el país. La oscuridad que vuelve cada noche sobre Cuba tiene responsables políticos, económicos y administrativos. La propaganda intenta repartir culpas; la realidad llega con el apagón.
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