La Unión Eléctrica volvió a ponerle número a una crisis que el cubano ya vive en carne propia: este miércoles los apagones se extenderán durante toda la jornada y en la tarde-noche, cuando sube la demanda, dejarán sin servicio al 52 % del país. El dato confirma hasta dónde ha hundido al país el derrumbe del sistema eléctrico, convertido en una ruina por décadas de abandono estatal.
La propia empresa estatal calcula una capacidad de generación de 1.440 megavatios frente a una demanda máxima de 2.950. La diferencia deja un déficit de 1.510 megavatios y una afectación estimada de 1.540. En la práctica, eso significa más oscuridad, más paralización y más castigo para una población agotada por un colapso que ya no sorprende, pero sí destruye.
La situación sigue marcada por la rotura y el mantenimiento de cinco de las dieciséis unidades termoeléctricas operativas, entre ellas dos de las tres mayores. Esa fuente de generación aporta de media cerca del 40 % de la matriz energética del país, por lo que cada avería golpea con fuerza a un sistema que lleva años funcionando al límite y sin respaldo real.
El problema se agrava con la generación distribuida. Desde mediados de enero, la UNE dejó de informar cuántos motores están fuera de servicio por falta de combustible y lubricante, un dato clave para medir el impacto de la escasez de diésel y fueloil. Las cifras publicadas, sin embargo, apuntan a que el parque parado sigue en niveles muy altos y supera los 1.000 megavatios.
El propio récord reciente lo dice todo. El 31 de enero se registró el mayor apagón reportado desde que Cuba comenzó en 2022 a divulgar estadísticas energéticas de forma regular: un corte simultáneo que llegó a afectar al 63 % del país. Apenas días después, el régimen vuelve a anticipar otra jornada de colapso masivo, reflejo de una crisis que no cede y que arrastra a toda la economía.
Expertos independientes ubican el origen del desastre en la infrafinanciación crónica de un sector que ha estado por completo en manos del Estado desde 1959. Las estimaciones sobre lo que costaría rescatar el sistema eléctrico oscilan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra que desnuda la magnitud del abandono y la incapacidad del aparato estatal para sostener un servicio básico.
La dictadura, por su parte, insiste en culpar a las sanciones de Estados Unidos y habla de «asfixia energética». Pero la realidad cotidiana en Cuba es otra: hospitales, hogares, centros de trabajo y barrios enteros sometidos a una oscuridad que frena la vida, hunde la productividad y alimenta el descontento social. Los apagones prolongados también han sido detonante de las principales protestas de los últimos años, una señal de que la crisis eléctrica ya desbordó el plano técnico y se convirtió en un problema político de primer orden.
La economía, contraída en más de 15 % desde 2020 según cifras oficiales, paga cada corte con más atraso y más miseria. En Cuba, la luz ya no falta por accidente: falta porque el régimen destruyó la base material que debía sostenerla.
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