La captura de Nicolás Maduro en Caracas dejó al descubierto la trama de seguridad e inteligencia que el régimen cubano sostuvo durante años alrededor del poder venezolano. La operación terminó con la muerte de militares cubanos y venezolanos, y derribó el blindaje que protegía al exdictador y a su esposa, Cilia Flores.
El operativo incluyó bombardeos y el ingreso de comandos especiales al complejo donde se encontraba la cúpula chavista. El balance oficial confirmó 32 militares cubanos y 23 venezolanos muertos. El Ministerio de Defensa de Venezuela no informó víctimas civiles, pero sí admitió la magnitud del enfrentamiento. La Habana, por su parte, identificó entre los fallecidos a efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, con rangos que iban de coronel a primer suboficial.
Durante más de dos décadas, la presencia de cubanos en puestos sensibles del aparato de seguridad venezolano fue señalada dentro y fuera de la región. Esa relación dejó de sostenerse solo en sospechas cuando una misión independiente de la ONU reveló acuerdos confidenciales entre Caracas y La Habana para cooperación en inteligencia y contrainteligencia militar desde 2006, bajo los mandatos de Hugo Chávez y Fidel Castro. La alianza funcionó como una herramienta de control político y de sostén represivo para un proyecto autoritario que dependió del poder militar y de los servicios de inteligencia para sobrevivir.
En el operativo de captura, la mayoría de los cubanos fallecidos integraban el dispositivo de seguridad personal de Maduro, según explicó Vladimir Padrino López. Ese dato confirma hasta dónde llegó la penetración del régimen cubano en Venezuela: colocó personal propio en el anillo más estrecho de protección del poder chavista y operó desde la sombra durante años.
Tras la detención, Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde comparecieron ante un tribunal federal y se declararon no culpables de cargos vinculados con narcotráfico y otros delitos. Horas después, Delcy Rodríguez juró como presidenta de transición del régimen venezolano y abrió un proceso diplomático con Washington, mientras Donald Trump condicionó cualquier acercamiento al acceso de empresas estadounidenses a las reservas petroleras del país y advirtió sobre consecuencias severas si no se aceptaban sus términos.
La respuesta de La Habana fue admitir la muerte de sus efectivos y llamarlos “combatientes”. El comunicado oficial habló de hombres que cayeron “tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”, y sostuvo que actuaban en Venezuela por misiones solicitadas por los órganos homólogos venezolanos. Bruno Rodríguez insistió luego en la versión de siempre: que la presencia cubana respondía a cooperación civil, sobre todo en salud y deporte, y que esos colaboradores no tenían funciones militares.
La caída de Maduro terminó exhibiendo la doble narrativa del régimen cubano. Durante años defendió una supuesta cooperación inocente mientras sostenía, en la práctica, una red de inteligencia, seguridad y control político sobre Caracas. El costo de esa alianza quedó a la vista con muertos, con una operación militar de gran escala y con el derrumbe de una maquinaria que operó al amparo del secretismo y la impunidad.
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