Canadá alista un paquete de ayuda para Cuba y promete anunciarlo en los próximos días, en medio de una crisis humanitaria que el propio gobierno canadiense reconoce y que vuelve a dejar al régimen ante su derrumbe social. La ministra de Exteriores, Anita Anand, confirmó la medida en Ottawa, aunque se negó a precisar qué incluirá la asistencia.
La decisión coloca otra vez a La Habana en el centro de la agenda internacional por las carencias que arrastra la isla, pero también por la forma en que el régimen administra esa miseria y la usa como coartada política. Anand dijo que la ayuda responde a la situación humanitaria y a la necesidad de asistir a la gente que sufre, una frase que resume el deterioro cotidiano que padecen los cubanos mientras el aparato oficial sigue intacto.
Ottawa no ofreció detalles sobre el contenido del paquete, pero el anuncio llega acompañado de un nuevo llamado desde dentro de Canadá para cambiar el trato hacia Cuba. Dos organizaciones, Democratic Spaces y Human Rights Action Group, presentaron este martes un informe en el que piden revisar la política canadiense, imponer sanciones específicas y dejar de tratar a la isla como una excepción dentro de la política de derechos humanos.
El documento apunta al corazón del problema: mientras Canadá ha condenado con dureza a regímenes como los de Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán, ha protegido al régimen cubano de una rendición de cuentas real pese a la evidencia de represión sistemática dentro del país y de su alineamiento con potencias autoritarias en el exterior. Esa advertencia desarma la vieja indulgencia diplomática con La Habana y expone el doble rasero que durante años ha servido para suavizar la responsabilidad política de la dictadura.
Los autores del informe sostienen que la política exterior canadiense en materia de derechos humanos y autoritarismo se ha aplicado de manera incoherente y citan como ejemplo la relación de Ottawa con Cuba frente al régimen venezolano. También cuestionan que el exprimer ministro Justin Trudeau llegara a describir al régimen cubano como un aliado, una postura que hoy queda retratada como complacencia frente a un sistema que reprime dentro y coopera fuera.
Además de sanciones contra quienes participen en violaciones de derechos humanos, el informe pide promover la liberación de los prisioneros políticos. Esa exigencia conecta directamente la ayuda humanitaria con la represión: la isla no solo carga con hambre y escasez, también arrastra una estructura de castigo político que sigue sin consecuencias para sus responsables.
El anuncio canadiense, aunque todavía incompleto, vuelve a mostrar la paradoja cubana: un país al borde del colapso social, sostenido por remiendos externos, y un régimen que continúa sin asumir responsabilidad por el deterioro que ha impuesto sobre la vida de la gente.
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