La incomodidad ya se mueve en Canadá ante las medidas de la administración Trump contra empresas extranjeras que hacen negocios con entidades vinculadas al régimen cubano. La reacción deja al descubierto una realidad que muchos prefieren adornar con lenguaje comercial: detrás de esos vínculos hay una estructura política que vive del control, la escasez y la obediencia forzada en la isla.
Mientras en Cuba siguen hundidos los salarios, el desabastecimiento castiga a las familias y la vigilancia política se mantiene como norma, fuera del país algunos sectores han tratado esos tratos como si fueran operaciones ordinarias. El golpe de Washington rompe esa comodidad y obliga a mirar el costo real de cada contrato con el aparato oficial: más recursos, más oxígeno y más capacidad para sostener a la dictadura.
La molestia en Canadá también dice mucho sobre la naturalización de ese negocio. Durante años se quiso presentar como intercambio legítimo lo que en realidad ha servido para convivir con la miseria cubana y alimentar a la misma maquinaria que reprime, controla y mantiene al país atrapado. La presión de Trump pone ese debate sobre la mesa y arranca la máscara a un entramado que se benefició del silencio y de la indiferencia.
El fondo queda claro: cada empresa extranjera que negocia con entidades ligadas al régimen no opera en un vacío moral ni político. Ese dinero termina apuntalando a una estructura que usa la economía como instrumento de sumisión y convierte la pobreza del pueblo cubano en una fuente de poder para la cúpula.
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